Movimiento social necesita oposición legislativa aguerrida

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2012-08-01 - Diario digital Nuestro País/Columna “Pensamiento Crítico”

I

Una oposición estéril es la que existe en nuestra Asamblea Legislativa a cargo de los partidos centro-derechistas PAC y PUSC, y a la que de vez en cuando se suman el ultraderechista Movimiento Libertario y el izquierdista Frente Amplio, el cual carece de potencia por contar con un solo diputado. Aún así, se supone que el FA debe esforzarse por representar y darle sustentación política, en el parlamento y más allá, a los intereses y procesos de confrontación, sean reformistas o radicales, sean de las izquierdas o del conjunto del movimiento social, si es que realmente esa agrupación aspira a aumentar su influencia y radio de acción electoral.

Pero, al aliarse el FA, en ciertas maltrechas andanzas, con los ya mencionados partidos del centro-derecha –como fue el caso de la fallida “Alianza por Costa Rica”- limita aún más su cuota de poder parlamentario y su capacidad de hacerse eco de iniciativas de resistencia civil de tipo noviolento que el movimiento social lleva a cabo en espacios extraparlamentarios; iniciativas las cuales exigen contar con buena sustentación política; pues de otra manera caen en el completo vacío, o no pasan de ser limitadas protestas y débiles gestos de presión ante la clase dominante que, por tanto, las puede asimilar con bajos costos y sin mayores problemas.

Lo anterior –es decir, la incapacidad de dar adecuada sustentación a sus acciones-  explica en parte la frustración del centro-izquierda. También el alcance restringido de sus luchas callejeras y de otras formas de protesta pacífica –a veces demasiado pasiva o en exceso condescendiente por parte de su ala sindical gremialista- contra los enormes abusos de poder y arbitrariedades de los operadores de la “dictadura en democracia” de los Arias-Chinchilla & Cía. En general, esta oposición tan blandengue e inefectiva en el parlamento y en la calle, no le permite a las múltiples organizaciones sindicales y no-sindicales y a las diversas corrientes de la izquierda enfrentarse reciamente a esta clase de dictadura semiconstitucional, ni desarrollar la fuerza que levantan periódicamente en la esfera de la sociedad civil al plano de lo político; y mucho menos el transferirla al interior del Estado, que es el espacio por excelencia donde se disputa el control del poder gubernamental y de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. El acceso formal y real a estas fuentes de poder solo se puede alcanzar, dentro de nuestro ordenamiento político, mediante partidos fuertes capaces de gobernar en unos casos, y en otros, cuando no se gobierna, de poder ejercer una aguerrida oposición. Y las izquierdas no escapan a este hecho real, pero no hallan la forma de hacer sea lo uno o lo otro debido al círculo vicioso de su raquitismo electoral y parlamentario, aunado al del resto de la oposición de centro-derecha, la cual no se le queda muy atrás.

II

En efecto, ni siquiera sabe la enclenque oposición legislativa negociar con el gobierno y el PLN como es debido; por ejemplo, en la solución airosa de determinados conflictos importantes donde hay principios o valores  y donde, por ende, se decide el atropello o el apego a pilares fundamentales de la democracia y la legalidad; lo que viene a agravar aún más la impotencia de ese estilo de oposición “light” y a escalar la penuria política del movimiento social, para gozo de la maquinaria de la dictadura verdiblanca.

Para muestra un botón: la renuncia a mantener un bloqueo de la agenda parlamentaria mientras de alguna manera no se procesara y sancionara en serio, política y moralmente, al vicepresidente Líberman y al ministro Garnier de educación, por flagrantes actos de corrupción corroborados como tales por la Procuraduría de la Ética; concretamente tráfico de influencias y apoyo a enriquecimientos ilícitos de terceros en el sonado caso entre Recope y la firma Procesos de la esposa del exministro de Hacienda, Fernando Herrero; para no mencionar algo peor en el caso de Garnier: las contrataciones espurias por cientos de miles de dólares con la misma firma en el Ministerio de educación para la elaboración de unos programas de enseñanza en secundaria.

Veamos lo que pasó en el caso de Recope y cómo fue el desenlace fatal que tuvo, donde se puso en completa evidencia la inmadurez y la castración política e ideológica de lo que cuesta ya llamar “oposición parlamentaria”, no obstante los evidentísimos desmanes cometidos por la dictadura arista y su corrupto gobierno paralelo contra la institucionalidad democrática y la ciudadanía.

III

Luego de un mes de exigir los diputados de la alianza opositora el castigo al dúo Garnier- Líberman y aguantar la presión del Grupo Nación para que cesaran la presión y aprobaran proyectos pendientes de innegable interés para el gobierno y las cámaras empresariales - como el de los famosos $4.000 en eurobonos para financiar gasto público con deuda, incluido el gasto corriente y, sobre todo, a fin de “patear la bola hacia adelante” en materia de paliativos a la crisis fiscal-, éstos de repente cedieron y agacharon la cabeza mansitos al regresar de una vacación. Lo hicieron ante el NO firme del gobierno a sus peticiones, por considerarlas éste excesivas, o muy costosas para sus intereses.

Rendidos de esa impresionante manera, el mismo día 26 de julio los “opositores” pasaron a pactar trinqueteramente con el PLN y el gobierno para aprobarles a éstos el proyecto de ley de los eurobonos, un desaguisado que dará a la dictadura y su vasto sistema de corrupción planificada suficientes fondos para operar durante dos años; para llenar la “mesa vacía” que dejaron loso Arias a Chinchilla y hacer caja y, además y por supuesto, lo mejor de todo: para contar la mafia gobernante con más recursos en Hacienda para financiar, motivar y aceitar a la maquinaria clientelar del PLN y seguramente a la de Rodrigo Arias para las próximas elecciones, bajo el pretexto cuestionado de que con esos recursos venidos del extranjero bajarán las tasas de interés. Pero eso no fue todo.

IV

Aplicaron la ley del trinquete o del “toma y daca” para coronar el facilismo: te doy para que me des. Y se armó la piñata. Walter Céspedes del PUSC se conformó con dos proyectitos para Limón, su provincia; el libertario Carlos Góngora salió premiado con el apoyo a un proyecto para colocar brazaletes con GPS a los reos; el PAC a medias pidió que se aprobaran dos proyectos para mejorar la gestión tributaria que son un saludo a la bandera porque dejan intacta la ineficaz, ineficiente y corrupta estructura actual de la administración tributaria; y José María Villalta del FA se conformó con un apoyo del PLN a un tal “Código Procesal Laboral”, que varios sindicatos han denunciado como nefasto en sus alcances para la clase trabajadora del país. Un verdadero banquete legislativo a espaldas de la ciudadanía, celebrado con “platos de lentejas” para cada uno los agachados, como los que, según el relato bíblico del Génesis 25:29-34, el deshonesto Noé ofreció a su hermano Esaú a cambio de su primogenitura y que éste aceptó fácilmente haciendo gala de una gran ignorancia, descuido e indolencia.

Así fue como concluyó el sainete armado por la oposición y sostenido por el tiempo record de un mes, durante el cual el diario "La Nación" afirmó que no había habido poder legislativo en este país. Lo que efectivamente no hubo ni ha habido, y a lo mejor ya no habrá, es una oposición legislativa digna, madura, inteligente y firme que le se enfrente a la dictadura arista cómo ésta se merece y que, por otra parte, satisfaga las necesidades y aspiraciones del movimiento social en sus luchas.

El Movimiento Social está urgido de un instrumento político

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2012-07-25

Diario Digital Nuestro País/Columna “Pensamiento Crítico”

1. TENSAR LA LUCHA ES UNA PRIORIDAD

Si observamos las últimas movilizaciones y acciones del movimiento social sindical y no-sindical, salta a la vista que no hacen mella a la coalición neoliberal en control de los poderes e instituciones del Estado. Ésta sigue como si nada pasara y haciendo uso de sus partidos políticos y grupos de presión para afianzar su hegemonía y continuar avanzando en la consolidación de la “dictadura en democracia” promovida por los Arias, el PLN y sus aliados.

Se hace necesario, por tanto, revisar con urgencia la agenda, las estrategias y los métodos de la disidencia y lucha social, popular y democrática, a fin de cambiar su dirección y tono, superar las acciones casuales y de baja trascendencia, las puramente defensivas o de simple resistencia impotente, que poco o ningún dividendo han dado en los últimos mese contra ese tipo de dictadura con fachada constitucional y legal.

La idea es  descentralizar y desconcentrar la confrontación llevándola a ámbitos sectoriales y regionales inexplorados, donde hasta el momento no se ha producido; lo cual no significa dispersarla ni correr el riego de que se dificulte, aún más que ahora, el poder coordinarla y articularla. Si esta tarea se sabe hacer, la diversidad y las diferencias de orientación ideológica entre los distintos sectores y organizaciones del movimiento social y del centro-izquierda, se volverían una ventaja competitiva frente a las derechas y más bien ayudarían a aglutinarlos bajo una estrategia común de cooperación y avance en unidad.

De otro modo, marchas como las cinco recién realizadas desde diciembre de 2011 a la fecha (13 de diciembre, 15 de febrero, 19 de abril y 26 de junio) incluida la de los “invisibles” del 16 de junio, no llegarán más allá de una protesta importante, pero poco efectiva en términos de alterar la balanza del poder a favor de los sectores dominados, explotados y excluidos – lo que Helio Gallardo llama el “pueblo social”-, así como de lograr objetivos específicos utilizando para ello una “estrategia selectiva”, que se mueva incrementalmente del corto hacia el largo plazo global. Cuando más podrán lograr algunas concesiones de poca monta, pactadas en las márgenes del sistema, a modo de nimios premios de consolación, como es frecuente que suceda entre las dirigencias sindicales gremialistas, que se dejan desmovilizar fácilmente y se tornan complacientes en exceso con el gobierno en las mesas de negociación de casa presidencial y algunos ministerios.

Así las cosas, que van de regular a mal, los dirigentes del movimiento social deben hacer un balance de sus ganancias-pérdidas, logros-fracasos recientes y buscar nuevos y mejores caminos y formas, ya no solo de resistir pasivamente, sino activamente mediante verdaderas confrontaciones no-violentas, pero sí desafiantes, activas y sin sumisión, orientadas de manera planificada y sistemática a obtener resultados políticos palpables, beneficios y saldos positivos; es decir, que sean verdaderos desafíos políticos masivos con un valor agregado preciso y concreto.

2. URGE AMPLIAR LA BASE SOCIAL

Para lograr ese cambio de rumbo y modificar el balance de fuerzas sociopolíticas, es necesario ampliar la base ciudadana del movimiento social y acumular más fuerza, tanto en el plano sectorial sindical y no-sindical, como en el cantonal y regional, formando “Mesas de Diálogo y Convergencia Social” para organizar mejor la participación y la coordinación de las iniciativas y acciones de los distintos actores y sectores del movimiento en esos planos y a corto plazo.

Sin una base ampliada de esa manera, no podrá forjarse el “contrapoder social” que requiere la disputa por la hegemonía con la clase dominante. Tampoco podrá lograrse su avance en el plano de lo político, es decir, mediante el control y la toma de mando de las instituciones gubernamentales usurpadas por el “dictadura en democracia” para usarlas como viles palancas del vasto sistema de la corrupción organizada o sistémica del “Estado Paralelo”, que los Arias comenzaron a montar desde los años de 1980.

3. HABRÁ QUE DECIDIR PRONTO SI SE FORMA O NO UN PARTIDO

Ya se verá lo que esto implica en materia de organización político-electoral con vistas a las próximas elecciones del 2014 y a las municipales del 2016, ya que la tarea bien puede exigir la formación de un gran partido clasista de los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y el campo, del sector privado y público, del sector formal e informal de la economía. Un partido capaz de desmontar el injusto y ultracorrupto modelo neoliberal y desconectarnos de la globalización antidemocrática. Los partidos llamados “taxi” o “atrápalo todo” no han dado la talla ni realizado la tarea que interesa al movimiento social de superar el capitalismo, aunque digan ser de izquierda; tampoco funcionan los “hiper-radicales”, ni los “hiper-moderados”. La discusión acerca de esta opción partidaria alternativa debe darse ya; y habrá que llegar a conclusiones claras y definitivas al más breve plazo, dado el calendario electoral y sus rígidos plazos y requisitos a cumplir.

El movimiento social ha sido y posiblemente seguirá siendo exitoso en poder levantar fuerza desde el ámbito de la sociedad civil y el comunitario; pero no logra trasladar ni acumular esa fuerza en el plano político, donde se disputa realmente la hegemonía y el control del poder del Estado y sus aparatos. Mientras no se llene el vacío electoral es muy probable que el enemigo de clase, de la decencia, la transparencia y la democracia siga dominando esa y otras instancias gubernamentales; y continúe imponiendo sus decisiones dictatorialmente, con fuerza legal y policial-militar, así como con apoyos externos provenientes del Imperio y sus aliados regionales. Tal ha sido la norma al día de hoy y lo seguirá siendo si no estructura un partido alternativo en los términos señalados, aunque exista una crisis de legalidad y legitimidad del sistema político local, debido al alcance de una corrupción sistémica incontrolada.

4. DEL SIMPLE LLAMADO A LA UNIDAD, A LA MÁXIMA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA

No basta con hacer llamados exasperados a la unidad del movimiento social en abstracto. Debe entenderse que todos compartimos y enfrentamos situaciones político-sociales e históricas semejantes, lo que nos obliga a establecer una serie de lineamientos estratégicos que enlacen lo más posible a todo el espectro de la centro-izquierda nacional bajo una sola bandera de lucha que alcemos entre todos, trace una línea de resistencia activa y dé un golpe encima de la mesa a las derechas neoliberales. Funcionaría ésta bandera como una especie de arco que, ante los desafíos comunes que tenemos por delante y a partir de reconocerlos, le facilite a las distintas corrientes del movimiento social y de las izquierdas el converger en la acción. La idea es que cada corriente mantenga su identidad y perfil político-ideológico, histórico y cultural que la diferencia de los demás; no obstante, hay que hacerlo sin exagerar el tono de sus diferencias y pugnas. Se desea que éstas no rompan la directriz de la máxima cooperación, ni la trama de los intereses generales y bien compartidos.

Mantener la cooperación exige dos cosas: a) percibir la situación estratégica común a todos; y b) no la eliminación de las diferentes posiciones y los debates, pero sí la moderación o apaciguamiento relativo de las tendencias extremas y demás fuerzas centrífugas que fomentan el divisionismo y la hiper-polarización. Como lo ha dicho Valter Pomar, secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, “las corrientes ultra-radicales o híper-moderadas que se niegan a percibir la existencia de una situación estratégica común son exactamente aquellas que, consciente o inconscientemente, prestan servicio a las clases dominantes locales o al imperialismo.”

Plan fiscal B: el ataque depredador al empleo público

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2012-07-11

Diario digital NUESTRO PAÍS/ Columna “Pensamiento Crítico”

Ante los diputados, en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios (CAH) del pasado 29 de mayo, el ministro neoliberal de Hacienda Edgar Ayales soltó una sentencia en materia de reforma fiscal y manejo del Plan Fiscal B, que no debe pasar inadvertida; sobre todo en las filas del sindicalismo y el movimiento social que lucha por defender importantes conquistas del Estado de Bienestar o “Protector”.

Dijo Ayales en esa ocasión:  “Vamos a mantenernos muy firmes; no queremos que el gasto corriente crezca más que la inflación; ya vamos a tener suficientes problemas con los salarios para tener también problemas con otros gastos”. (Cita extraída del Acta No. 02 de la CAH del día 29/5/2012)  Quiere bajarlo a lo largo de todo el sector público, hasta dejarlo en un 4%, una tasa de crecimiento compatible con las tasas de inflación y de aumento del PIB para el 2012-2013.

Y ya nos ha anunciado que tendrá a su favor un buen arsenal jurídico a disposición para acometer la tarea, muy a fondo, con mano firme y dura, además con buena tijera. Veamos.

Se trata de al menos dos proyectos de ley (el de “Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas” y de otros en ciernes como el de una “Ley de Empleo Público”, a los que debe sumarse la Directriz Presidencial No. 013-H del 16/02/2011, el Decreto Ejecutivo No. 36.857 MP-PLAN-H del 9/11/2011 en el cual la presidencia establece la “Creación de Rectoría Política en Materia de Empleo del Sector Público”, con lo cual se le otorga supremas potestades de imperio a la Autoridad Presupuestaria, en ese y en muchos otros sentidos, esta vez sobre la totalidad del sector público, centralizado y descentralizado, incluidas las universidades para meterlas en cintura.

También Ayales podría echar mano del proyecto de “Ley de Responsabilidad Fiscal” (Expediente legislativo N° 17.868) que fija límites estrictos al crecimiento del gasto y a la deuda pública, entre otras medidas de contención. Y de seguro que, para remachar, recibirá el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR), según está definido en los lineamientos de su “Informe sobre Gestión del Estado en Materia de Empleo”,  20/02/2009 DFOE-PGAA-IF-65, aparte de los poderosos recursos de intervención que otorga la Ley No. 8292 de “Control Interno Institucional” en toda la administración pública nacional, y no solo en el gobierno central.

Pero, lo que más agradece Ayales – y él dice que a Dios- es el auxilio que le brindará la Autoridad Presupuestaria y su flamante Unidad de Asistencia Técnica. Porque al tenerla como su mano derecha en la acometida, según lo facultan los proyectos de ley y decretos antes mencionados y en especial el de “Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas”, entonces su poder de decisión ministerial se le extiende a todo el sector público y no solo al restringido ámbito gobierno central como ahora sucede.

Así lo ha reconocido y explicado el expandido funcionario ante la CAH Ver el Acta No. 10, 19/6/2012): “Gracias a Dios por la Autoridad Presupuestaria, yo no sé qué haríamos sin la Autoridad Presupuestaria…Este proyecto [el de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas] va dirigido a eso exactamente, estoy de acuerdo, yo no puedo hacer política fiscal viendo un tercio del sector público, no se puede; a un tercio del sector público que es el gobierno central y de ese tercio del 80% son salarios que no puedo tocar, es un 10%; la política fiscal de Costa Rica se focaliza en un 10% del gasto, eso no puede ser, lo que pasa es que legalmente es muy complejo el sector público costarricense y hay leyes para que cualquier institución se escape de cualquier forma de, ni siquiera regulación, de la provisión de informaciones, que es lo que vamos a sacar en este proyecto.”

De ese modo, ningún sector ni institución del Estado quedará fuera de la podadora del gasto de este ministro transformado, mediante esa eventual ley, en un ultra-poderoso y omni-comprensivo Zar Hacendario, uno como nunca ha existido antes en la historia del país.

Todas esas iniciativas de ley anuncian con meridiana claridad la hoja de ruta que seguirá la procesión del Plan Fiscal B con Ayales a la cabeza. Primero, como ya lo anunciamos desde esta columna, vendrá un ataque implacable contra las remuneraciones y las transferencias que representan respectivamente el 25% y el 23% presupuesto del gobierno central para 2012, con medidas de contención del crecimiento y recortes drásticos que constituyen una severa amenaza para todos los empleados públicos en los niveles medios y bajos de la jerarquía, ya que en los altos niveles se aloja gran parte de la clase política afecta al régimen y solo se afectará, si acaso, cosméticamente. Segundo, aparte de las remuneraciones, varios decretos y las dos leyes antes citadas de manejo de las finanzas y del empleo,  eliminarán “pluses salariales”, incentivos, beneficios y derechos laborales logrados por los trabajadores, la suma de los cuales en promedio constituyen un 49% del monto del salario y del costo total de la planilla del Estado. Tercero, se establecería el régimen de “Salario Único” en todo el Estado, sin excepción. Cuarto, lo que más apetecen los corruptos del PLN y otros sectores de la clase política: se acabaría con las convenciones colectivas y los sindicatos a lo largo y ancho del sector público, junto con el respaldo que estos mecanismos y actores le dan al andamiaje de los derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora pública.

En síntesis, Ayales está dispuesto a que, con los instrumentos que tiene a mano, no puedan crearse más incentivos laborales en sector alguno de la administración pública centralizado o no centralizada. Así lo expresó tajante el 19 de junio ante la CAH  en el congreso (Ver el Acta No. 10): “Mientras no tengamos una nueva ley de salarios, por lo menos que los ministerios y las agencias descentralizadas, no puedan crear incentivos salariales nuevos, a no ser que pasen por la Asamblea Legislativa; porque el caos que existe ya es suficiente, más que suficiente, ya está desbordado el tema. Se acuerdan, yo creo que mencioné la vez anterior que, cuando se aumentan los salarios un tres o cuatro por ciento, el primer semestre, la planilla sube un diez por ciento. No entiendo cómo puede hacer uno política fiscal así, bueno no se puede realmente, por este problema de incentivos salariales.”

No olvidemos que también ha prometido que le entrará duro, y en igual sentido, a las transferencias; las cuales tienen relación directa con la inversión social al ser en un 95% gasto social, en renglones tan sensibles como seguridad social, salud y educación pública (incluida la superior), entre otros. Quedamos notificados de que no se cumplirá con asignarle a la educación el 8% del PIB, tal como lo exige la Constitución Política. Obviamente, se trata de áreas donde, al constreñirse el gasto según toda esta ortodoxia neoliberal que esgrime Ayales, se afectarán los niveles de empleo y remuneración con el consiguiente acrecentamiento del daño social y la negativa afectación a la estabilidad y el mercado laborales.

En general, este flamante exfuncionario del FMI, el BID y el Banco Mundial actuando así y sin tapujos como buen economista neoliberal que es, considera que llegó la hora de decirle al país y a los 245.000 empleados del Estado, que todos esos rubros deben ser intervenidos para rebajar el déficit, impedir que ascienda la deuda interna,  y bajar presiones al alza en las tasas de interés que elevan el riesgo-país, entre otros desequilibrios macroeconómicos que afectan las tasas de ganancia del gran capital financiero-bancario y sus activos, que, por cierto, crecieron un elevado 8% en 2011, casi el doble del PIB. Detrás está, por supuesto, la obsesión por mantener la inflación lo más baja posible, a la cual por cierto más teme ese capital corporativo; aunque esto signifique deprimir la economía por debajo de lo que ya se encuentra.

Sin duda que, con todo este paquete de medidas del Plan Fiscal B de contención del gasto y el empleo en todo el sector público, se busca calmar los llamados “mercados internacionales” y enviar buenas señales tanto a las agencias calificadoras del riesgo-país (como Moody’s, Fitch o Standard & Poor´s), como a los organismos financieros internacionales, entre ellos y en primera fila a aquellos donde el ministro Ayales ha sido fiel funcionario: FMI, Banco Mundial y BID.

Columna “Pensamiento Crítico”
PLAN FISCAL B: POR DÓNDE VIENE LA PROCESIÓN
Por José Luis Vega Carballo
Desde hace unas semanas el nuevo ministro de Hacienda Edgar Ayales viene amenazando a quienes laboran en el sector público y a sus organizaciones sindicales con que tocará lo que muchos pensaban intocable: la estructura y el nivel del empleo y las remuneraciones, como medio de contener aún más el gasto y el déficit fiscales de lo que han sido ya reprimidos como resultado de la aplicación de políticas de austeridad. Entiéndase recorte a todo dar para reducir el monto de la planilla por debajo del 23% del total del presupuesto que representa hoy día; o mejor dicho rebajar erogaciones con dura tijera hasta donde lo permita el clientelismo político del partido en el poder, el cual ha entrado en ciclo electoral, arrastrando al dócil y debilitado gobierno de Chinchilla, que no podrá resistirse a responder a las presiones de la infausta maquinaria, menos del arismo.
Se va revelando así un cambio de rumbo y la verdadera misión de Ayales al frente de Hacienda.
En efecto, la política fiscal ha ido pasando de una primera propuesta centrada en elevar e introducir nuevos tributos (Plan Fiscal A) para subir la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB, a otra fase. Es la que Thelmo Vargas llama de corte “neoliberal a ultranza” y que encanta al FMI. Se trata del Plan Fiscal B calculado para reducir el déficit (que alcanzó la suma de ¢426.0000 millones en mayo de este año) en por lo menos un 4%. Se ha anunciado desde Hacienda que esto se hará por medio de recortes y las llamadas “racionalizaciones” del empleo y el gasto fiscal. Es decir, dejando el incremento de la carga de los impuestos en un mínimo de 0,86% del PIB e incólume la estructura tributaria vigente, la cual sólo sufriría ligeros ajustes para contrarrestar en algo la elusión, la evasión y otros fraudes tributarios; todo lo cual no subsana el déficit por el lado de los ingresos del Gobierno Central. Para beneficio de la clase gobernante, de esa manera, se deja incólume la estructura tributaria existente que descarga el peso de la carga tributaria –y también los costos de la crisis que atraviesa le economía y las finanzas públicas- en los bolsillos de las clases trabajadoras y medias de menores ingresos.
Mientras eso sucede, el gobierno quiere comprarse un buen respiro hasta terminar su gestión en el 2014. Lo hará mediante una ley que forma parte del Plan B y que lo autoriza a emitir eurobonos hasta por $4.000 millones, recursos que seguramente se usarán para dos cosas.
Primero, para subir los gastos de capital (por ejemplo, inversiones en obras de infraestructura) luego de que este rubro se desplomó un 4,5% en el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el monto del 2011. Para eso, lo mejor ahora es confiar en recursos frescos de la deuda pactada en el exterior, por ejemplo, los $4.000 millones a colocar en eurobonos.
Segundo, no obstante que esos recursos inflan el volumen de la deuda externa, podrían ser usados para aminorar un tanto el déficit, así como para frenar y hasta revertir la actual tendencia al alza de las tasas interés y de la deuda interna, por ahora cifrada en un manejable 32% del PIB.
Como bien se sabe, esa alza de las tasas de interés -o encarecimiento del crédito- es generada por crecientes captaciones del gobierno en el mercado financiero local a fin de reducir el déficit. Pero si recurre al crédito externo para financiarse, se puede descompresionar ese mercado y en consecuencia disminuir las tasas de interés, que han venido elevándose conforme el gobierno debido colocar en ese mercado unas cantidades elevadas de bonos en lo que va del año. Así, para mayo el déficit fiscal se ubicó en ¢367.140 millones y, para afrontarlo, Hacienda debió vender bonos en el mercado financiero por ¢500.000 millones.
 Hay que señalar que esta opción de financiamiento del gobierno central de paso hará descender en este segundo semestre del 2012 cualquier tendencia alcista del tipo de cambio con relación al dólar; algo que, por cierto, no gustará a los exportadores, quienes presionan al gobierno y al Banco Central por elevarlo a fin de recibir más colones por los dólares que perciben del exterior.
Con esa habilidosa maniobra o estrategia de corto plazo plasmada en el Plan Fiscal B, el gobierno logra “patear la bola hacia adelante” en la coyuntura, al poder pasar gran parte del problema fiscal y tributario a sus sucesores junto a una mayor deuda externa a las próximas generaciones de contribuyentes; endeudamiento que eventualmente hasta podría volverse inmanejable como sucedió a inicios de los años de 1980. Así se ha rearmado el juego desde Hacienda y Zapote. 
Adiós, pues, a la reforma tributaria y con ello a los sueños de algunos políticos y tecnócratas cifrados en cuanto a poder elevar la baja carga tributaria del país, la cual reposa en un 13% del PIB y que ciertamente, con la nueva forma de medir ese parámetro, el ministro Ayales piensa que podría llegar a un 11%, por mucho la más menguada de Centroamérica.
Claro está, que al descartar la vía de la reforma  el gobierno de Chinchilla se refuerza en los altos círculos de la clase dominante. Pues complace mucho a los sectores empresariales y a otros del “bloque de poder” interesados en pagar pocos o ningunos tributos y en seguir disfrutando las delicias del fraude tributario.
En lugar de una reforma tributaria y fiscal veremos algunas medidas “light” para atacar la elusión y la evasión impositivas, y para mejorar la recaudación, verdaderos saludos a la bandera.
Pero lo que sí tendrá prioridad en la orden del día, será una larga serie de duras medidas tendientes a recortar el gasto y a elevar el endeudamiento externo vía préstamos y crecientes emisiones de bonos, como dijimos hasta por $4.000 millones. Y es donde surge la pregunta clave que hay que responder: ¿y quién pagará la factura de esa poda del gasto que se avecina? Seguida de esta otra interrogante: ¿Cómo quedará el balance entre “ganadores” y “perdedores” que ineludiblemente trazará esa política económica y fiscal, la cual no es para nada socialmente neutra en términos de la división y la lucha de clases?
Ya contamos con una primera aproximación desde las filas de la clase capitalista neo-oligárquica hecha por un liberal vocero en “La Nación” (“El costo político de recortar gasto público”, 30-5-2012). Afirma allí Luis Loría, director General de Cadexco: “La propuesta del Ejecutivo, ahora, es que la factura la paguen, también, las empresas exportadoras de bienes y servicios, incluyendo mipymes agrícolas, turísticas y empresas de zona franca.” Por tanto, “el costo lo asumirán también los trabajadores, en los casos en los que las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas al perder su viabilidad.” Y termina señalando esta fuente: “esta grave amenaza para empresas y trabajadores guarda relación con la eventual aprobación para la emisión de $4.000 millones de deuda externa (eurobonos), ya que, como resultado de la entrada masiva de dólares al país, caería, aún más, el tipo de cambio.”
Por supuesto, que oculta bien este vocero lo que para nosotros es algo evidente: que el mayor costo por el lado de los recortes (ya no tanto ni directamente por motivo del endeudamiento externo) lo asumirán los sectores de clase media y trabajadora que laboran para el Estado, en general los empleados públicos que serán el objeto del implacable ataque que se avecina contra el gasto laboral (salarios, beneficios, pensiones, etc.), bien disimulado como magno esfuerzo o sacrificio para restablecer los equilibrios fiscales; ello en vista de que no fue posible seguir por la ruta de la reforma tributaria y de que no se piensa en recortar exoneraciones y exenciones que sobrepasan el 7% del PIB.
Lo que sí es indispensable para la estrategia neoliberal, es evitar por cualquier medio que los organismos financieros internacionales (incluidas las agencias calificadores del llamado “riesgo-país”) peguen el grito en el cielo y bajen sus calificaciones crediticias al país, sobre todo porque el déficit sobrepasa el 3% que obsesivamente pregonan debe tener como límite máximo con respecto del PIB, y porque la deuda pública total avanza hasta el límite de un 60% tasado según el mismo parámetro. Es a ellos a quienes busca complacer este gobierno y en particular Ayales. Fueron no solo sus antiguos empleadores, sino que ideológicamente está de lleno en su mismo campo y armando el juego que recomiendan armar.

PLAN FISCAL B: LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Por José Luis Vega Carballo

Cada vez se evidencia mejor que el llamado “Plan Fiscal B” del gobierno de Chinchilla es ante todo un conjunto incoherente de medidas casuísticas que se sacó de la manga de la camisa el ministerio de Hacienda para buscar una manera de aterrizar con algo de lo que siempre dijo carecer: una alternativa frente al hundimiento del Plan A, acto que al final se encargó de ejecutar la Sala IV constitucional. A ello se unió el manifiesto descontento y las fuertes presiones cruzadas montadas por varios sectores empresariales y cámaras, que no veían con buenos ojos algunas medidas del Plan A que podían mejorar la recaudación del impuesto de renta, gravaban los servicios privados (salud, educación, etc.) y transformaban el impuesto de ventas en uno al valor agregado de bienes y servicios; aparte de que resentían el aumento de un impuesto a las zonas francas por verlo una medida atentatoria contra los intereses del gran capital transnacional que, entre otras cosas, podía ahuyentarlo.

Ahora, con el Plan B, esos poderosos sectores no se verán ni levemente amenazados y de seguro le darán el apoyo al gobierno, el cual ha fortalecido alianzas al interior de la Asamblea Legislativa (con el PASE y los diputados evangélicos a la cabeza, seguidos de cerca por el PUSC) y por el lado del sindicalismo gremialista (como el representado por la ANEP, la central Rerum Novarum y algunas otras organizaciones magisteriales que le hacen el juego también, como la ANDE y el SEC); todo ello a efecto de desarmar los intentos de unificar la oposición parlamentaria (si es que así puede llamarse) y para bajar las resistencias que pudieran provenir del flanco del movimiento social, donde parece que se reactivará a corto plazo la “Coordinadora Nacional de Lucha”, siguiendo el esquema utilizado durante la movilización popular contra el TLC con EEUU. Una cosa que para nada puede agradar al gobierno, en tanto en cuanto puede significar la aglutinación de algunas fuerzas en este momento dispersas, para lanzarlas en contra del Plan B y de otras iniciativas conexas como el proyecto de Ley de Empleo Público y varias otras medidas que atentan contra los derechos y beneficios laborales de todos los trabajadores del sector público, contenidas en el Plan B; especialmente en la “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”, así como en varios decretos y directrices relacionadas con el reposicionamiento de la Autoridad Presupuestaria.

La razón por la cual Zapote tiene ahora mejores probabilidades de lograr aprobación tanto parlamentaria como de las cámaras patronales a su Plan B, es que ya no es un intento de reforma tributaria que implique elevaciones significativas de algunos impuestos, como el de la renta o al valor agregado de la producción de bienes y servicios (IVA), que eran parte del Plan A y que venían a afectar directamente al gran capital. O bien, que lo golpeaban indirectamente porque se traducían en bajas del ritmo y hasta de la rentabilidad de los negocios privados en general, al elevar los precios y el costo de vida, constreñir la demanda agregada, y obligar a las familias de medios y bajos ingresos a reducir sus niveles de consumo.

Si tomamos las medidas apiladas que conforman el desarticulado Plan B, lo más que recaudará adicionalmente el gobierno será un 0,86% del PIB en el mejor de los casos frente a un déficit que ronda el 4-5%; cuando con el Plan A esperaba en su mejor momento llegar hasta un 3%, aunque al final tuvo que conformarse con un 1,5% o menos, luego de que los grupos de presión corporativos pusieron sus maquinarias en marcha y colocaran en jaque a los acobardados diputados, quienes cedieron y cedieron haciendo concesión tras concesión, como es lo acostumbrado. Así que el componente tributario es mínimo en el Plan B y lo importante está en entender que deja, por esa razón, de atacar el déficit fiscal por el lado de los ingresos, y se va por otros lados, donde los propósitos son otros.

En efecto, cuando se abandona en una consolidación fiscal el camino de aumentar la recaudación de los impuestos, las vías alternativas convencionales para enfrentar los problemas del déficit son: a) rebajar el gasto, b) mejorar la eficiencia en la recolección de los impuestos existentes (especialmente en renta y ventas donde los niveles de evasión fluctúan entre 40 y 60%) para evitar así la evasión y la elusión (o sea, el fraude fiscal, que es uno de los deportes favoritos de nuestra clase empresarial y profesional), o c) pidiendo prestado dentro o fuera del país, lo cual implica incrementar los niveles de la deuda interna y/o externa.

Otra opción de la cual poco o nada se habla, es eliminar exoneraciones y exenciones, el monto de las cuales sobrepasa el del déficit y solucionaría el desequilibrio; pero esto implica tocar a los intocables del sistema y cortar, aunque fuera parcialmente, uno de los tentáculos del vasto sistema de la corrupción organizada y planificada que se nutre de las fuentes del fraude fiscal, incluidas por supuesto esas concesiones o granjerías de las que disfrutan anormalmente una gran cantidad de empresas y sectores de la clase capitalista.

En el grupo de medidas incluidas en el Plan B se observa la intención de reducir el gasto corriente. Pero, las dudas comienzan cuando se observa que se dejan otros rubros intactos o por la libre (como los pagos por consultorías, asesorías, contrataciones de muy diversa índole de donde se alimenta el supra-sistema de la corrupción). Sin embargo, dada la cercanía del período o ciclo electoral y el enorme interés del PLN -y de los Arias en particular- por mantener al partido en el poder por un tercer período consecutivo, va a ser difícil, si no imposible, mantener el gasto en bajos niveles. Las presiones para elevarlo son desde ya muy poderosas; y se multiplicarán conforme avance el proceso de la campaña del 2014, la cual se mueve adelantada todo lo posible por los Arias. Son, pues, bajas las expectativas de contención o reducción del gasto como para que éste no crezca por encima de la tasa de crecimiento del 4% del PIB, porcentaje que el gobierno ha prometido sostener en los dos próximos años.

Así las cosas, ¿qué es lo que principalmente pone en juego el Plan B? La respuesta es fácil: el endeudamiento interno que ya se ha disparado, aunque aún no a niveles inmanejables y, ante todo, el externo. En efecto, sin mucho aspaviento es probable que el congreso le apruebe al gobierno una ley autorizándolo a endeudarse hasta por un monto de $4.000 millones, mediante emisiones de eurobonos que comenzarían en el segundo semestre con una primera colocación de $500. Aunque se corre el riesgo de que no se usen los fondos para cubrir inversiones o gastos productivos, sino gastos corrientes e improductivos, al estilo comenzado por los Arias hacia el final de su administración; algo que parece haberse entronizado y llegado para quedarse en las altas esferas del gobierno.

Eso se llama “patear la bola hacia adelante”; pues el problema del desequilibrio y de una reforma fiscal y tributaria en serio se le pasa a las próximas generaciones y a las futuras administraciones; pudiendo entonces el gobierno terminar su período con relativa tranquilidad y sin demasiadas amenazas provenientes del exterior, como serían los castigos y restricciones que, frente a ciertos graves desequilibrios y crisis fiscales, acostumbra imponer el Fondo Monetario Internacional en combinación con la banca privada internacional y las calificadores del riesgo-país (Fitch, Standard and Poor´s, etc.), los llamados “mercados”. Los círculos gobernantes alejarían por la nueva vía del Plan B el peligro de comenzar a recibir duras y desagradables visitas de los “caballeros de negro”, que tanto han acosado a varios gobiernos de Europa como Irlanda, Grecia, Portugal y ahora España, con Italia e Inglaterra haciendo fila, imponiéndoles políticas de austeridad sacadas del baúl de Merkel, la canciller de hierro alemana.

Así que la clase dominante y gobernante de este país ha decidido curarse en salud y optar por una vía expedita – la del endeudamiento interno/externo hasta no sobrepasar quizás el margen prudencial de un 60% del PIB- para conjugar parcialmente la crisis de las finanzas del gobierno central, ganar algo de tiempo, conectar algunos respiradores artificiales por ahí, y dejar que las cosas discurran tal como andan, de mal en peor; pero –eso sí- evitando que estalle una severa convulsión interna de vastas o impredecibles consecuencias motivada por un mayor desorden en las finanzas públicas.

Columna “Pensamiento Crítico”/publicada el 13/6/2012 en diario digital NUESTRO PAÍS

ENJUICIAMIENTO A RESPONSABLES POR LA “TROCHA DE LA CORRUPCIÓN”

Por José Luis Vega Carballo

Comentarios y críticas han ido y venido a favor y en contra de lo sucedido a raíz de la construcción de la trocha Juan Rafael Mora o Ruta 1856 que se extiende a lo largo de la margen costarricense del río San Juan, que sugerimos se rebautice con el nombre de “Trocha de la Corrupción”.

No voy a repasar aquí las informaciones y argumentaciones tan ampliamente difundidas por distintos medios de comunicación sobre este caso, sino a señalar que llama la atención que en ninguna de las revisadas se plantea claramente y con contundencia la urgente necesidad de enjuiciar a los funcionarios del gobierno responsables por el desastre vial, los daños ecológicos, el manejo abiertamente irregular de los cuantiosos fondos usados para financiarlo, y otra cantidad de anomalías.

Nos referimos específicamente a los principales responsables políticos del proyecto en cuestión, o sea: a la propia presidenta Chinchilla, a por lo menos uno de los vicepresidentes esto si no a ambos (Luis Líberman más Alfio Piva), a los ministros involucrados y demás autoridades de Conavi, la Comisión Nacional de Emergencias y el Mopt, incluidos todos los integrantes de una comisión de alto nivel que, según hay evidencias, manejó el proyecto desde la casa presidencial a la sombra del gabinete. Sus actuaciones no deben quedar impunes sino que deben ser juzgadas para fijar las adecuadas sanciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, entiéndase el Estado de Derecho, el cual se saltaron por infinidad de ángulos, revelando los alcances y estilos que se manejan dentro de lo que aquí hemos llamado el “Supra-Sistema de la Corrupción Planificada” o SSCP que lo carcome y abate.

Muchos de los altos responsables andan muy tranquilos porque sienten que hay un manto protector que los envuelve, instalado en la esfera de las autoridades superiores del gobierno; y han señalado que los ampara un “decreto de emergencia nacional” (No. 36440-MP), el cual según ellos les permitía brincarse cuanto principio y norma se les atravesara en el camino, aludiendo de paso a que el “peligro nica” lo justificaba todo. El argumento típicamente escapista lo reseña bien el nuevo ministro de obras públicas Luis Llach, en un artículo titulado “La trocha que vale la pena” (La Nación, 2/6/2012, p. 34A: “Fue construida [la ruta 1856] en un momento de extrema emergencia para nuestro país, no en el ambiente habitual en que se desarrollan los proyectos de infraestructura.  Esto hay que tenerlo claro para que se vea que las críticas hechas sobre posibles incumplimientos procedimentales son inaplicables.” En otras palabras, se podía y se valía el actuar y el ponerse al margen de la ley

Hacen caso omiso de que es un delito, bien tipificado como fraude o abuso de ley, el emitir un decreto o aprobar cualquier otra medida aparentemente legal para, por su medio, poder violar leyes de la República, mucho menos para quedar impunes frente a actos de corrupción e enriquecimiento ilícito. De tal manera que nada les exime de que el peso de la ley caiga sobre ellos y contra sus ilícitos, con las debidas sanciones que el caso amerite; y además obligándolos a la reparación de todos los daños y perjuicios causados. Claro está que, a la par de los funcionarios indicados, debe también procesarse moral y judicialmente a los integrantes de la red de corrupción que se formó por el lado del sector empresarial privado con el fin de obtener inapropiadas ventajas y beneficios con la construcción de la trocha, supuestamente porque, también por su lado, podían ellos cometer las fechorías ya conocidas al amparo del susodicho decreto de emergencia.

Por lo anterior, hay que celebrar la moción aprobada el pasado sábado 2 de junio por los asistentes a una reunión de la “Coordinadora Nacional de Lucha” (CNL) integrada por una red de importantes organizaciones sindicales, magisteriales y sociales; moción que viene a subsanar la carencia de un definido objetivo en el sentido de proceder, no solo a denunciar el vergonzoso descalabro cometido desde las alturas del poder gubernamental a lo largo de la “Trocha de la Corrupción”, sino a proponer concretamente el procesamiento judicial y hasta penal de los causantes de los gravísimos daños que se hicieron al Estado y a la sociedad.

La moción, presentada ante la CNL por la Comisión Nacional de Enlace para la lucha social, establece primero la magnitud de los desmanes cometidos en la apertura de la trocha, y luego señala lo que citamos a continuación: “Se deben instrumentar todas las acciones posibles para enjuiciar las actuaciones desde el punto de vista constitucional, jurídico y ético.” Y agrega algo que nos parece justamente decisivo: “Y que para ello se constituya una Comisión de Trabajo, para darle continuidad a esta iniciativa política. Dicha Comisión tendrá el respaldo de los aparatos legales de las organizaciones de la CNL y hará los contactos necesarios con otros abogados para efectos de este trabajo.” Y afirma que el objetivo de la comisión especial  “es encausar legalmente a los involucrados en esas decisiones”, es decir, las que llevaron al desastre de la trocha en todos sus aspectos técnicos de ingeniería, de impacto ambiental, de malversación de fondos, etc.

Ojalá que la Coordinadora no ceje en su esfuerzo por cumplir con los términos de tan acertada decisión, ya que a la par de los abogados de las organizaciones, estamos seguros que habrá otros que se les unirán en la tarea de defender principios básicos del Estado Democrático de Derecho; principios que la clase política violenta a diario impunemente junto a los Derechos Humanos Integrales, a fin de que los agentes de la corrupción organizada y planificada de alto vuelo –el SSCP- puedan campear a sus anchas, preparar nuevos asaltos al poder, y más atracos contra las arcas públicas. Por supuesto, también que entre sus designios está el lograr imponer un tercer período consecutivo del PLN en Zapote, con buenos refuerzos en Cuesta de Moras.