El Movimiento Social está urgido de un instrumento político

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2012-07-25

Diario Digital Nuestro País/Columna “Pensamiento Crítico”

1. TENSAR LA LUCHA ES UNA PRIORIDAD

Si observamos las últimas movilizaciones y acciones del movimiento social sindical y no-sindical, salta a la vista que no hacen mella a la coalición neoliberal en control de los poderes e instituciones del Estado. Ésta sigue como si nada pasara y haciendo uso de sus partidos políticos y grupos de presión para afianzar su hegemonía y continuar avanzando en la consolidación de la “dictadura en democracia” promovida por los Arias, el PLN y sus aliados.

Se hace necesario, por tanto, revisar con urgencia la agenda, las estrategias y los métodos de la disidencia y lucha social, popular y democrática, a fin de cambiar su dirección y tono, superar las acciones casuales y de baja trascendencia, las puramente defensivas o de simple resistencia impotente, que poco o ningún dividendo han dado en los últimos mese contra ese tipo de dictadura con fachada constitucional y legal.

La idea es  descentralizar y desconcentrar la confrontación llevándola a ámbitos sectoriales y regionales inexplorados, donde hasta el momento no se ha producido; lo cual no significa dispersarla ni correr el riego de que se dificulte, aún más que ahora, el poder coordinarla y articularla. Si esta tarea se sabe hacer, la diversidad y las diferencias de orientación ideológica entre los distintos sectores y organizaciones del movimiento social y del centro-izquierda, se volverían una ventaja competitiva frente a las derechas y más bien ayudarían a aglutinarlos bajo una estrategia común de cooperación y avance en unidad.

De otro modo, marchas como las cinco recién realizadas desde diciembre de 2011 a la fecha (13 de diciembre, 15 de febrero, 19 de abril y 26 de junio) incluida la de los “invisibles” del 16 de junio, no llegarán más allá de una protesta importante, pero poco efectiva en términos de alterar la balanza del poder a favor de los sectores dominados, explotados y excluidos – lo que Helio Gallardo llama el “pueblo social”-, así como de lograr objetivos específicos utilizando para ello una “estrategia selectiva”, que se mueva incrementalmente del corto hacia el largo plazo global. Cuando más podrán lograr algunas concesiones de poca monta, pactadas en las márgenes del sistema, a modo de nimios premios de consolación, como es frecuente que suceda entre las dirigencias sindicales gremialistas, que se dejan desmovilizar fácilmente y se tornan complacientes en exceso con el gobierno en las mesas de negociación de casa presidencial y algunos ministerios.

Así las cosas, que van de regular a mal, los dirigentes del movimiento social deben hacer un balance de sus ganancias-pérdidas, logros-fracasos recientes y buscar nuevos y mejores caminos y formas, ya no solo de resistir pasivamente, sino activamente mediante verdaderas confrontaciones no-violentas, pero sí desafiantes, activas y sin sumisión, orientadas de manera planificada y sistemática a obtener resultados políticos palpables, beneficios y saldos positivos; es decir, que sean verdaderos desafíos políticos masivos con un valor agregado preciso y concreto.

2. URGE AMPLIAR LA BASE SOCIAL

Para lograr ese cambio de rumbo y modificar el balance de fuerzas sociopolíticas, es necesario ampliar la base ciudadana del movimiento social y acumular más fuerza, tanto en el plano sectorial sindical y no-sindical, como en el cantonal y regional, formando “Mesas de Diálogo y Convergencia Social” para organizar mejor la participación y la coordinación de las iniciativas y acciones de los distintos actores y sectores del movimiento en esos planos y a corto plazo.

Sin una base ampliada de esa manera, no podrá forjarse el “contrapoder social” que requiere la disputa por la hegemonía con la clase dominante. Tampoco podrá lograrse su avance en el plano de lo político, es decir, mediante el control y la toma de mando de las instituciones gubernamentales usurpadas por el “dictadura en democracia” para usarlas como viles palancas del vasto sistema de la corrupción organizada o sistémica del “Estado Paralelo”, que los Arias comenzaron a montar desde los años de 1980.

3. HABRÁ QUE DECIDIR PRONTO SI SE FORMA O NO UN PARTIDO

Ya se verá lo que esto implica en materia de organización político-electoral con vistas a las próximas elecciones del 2014 y a las municipales del 2016, ya que la tarea bien puede exigir la formación de un gran partido clasista de los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y el campo, del sector privado y público, del sector formal e informal de la economía. Un partido capaz de desmontar el injusto y ultracorrupto modelo neoliberal y desconectarnos de la globalización antidemocrática. Los partidos llamados “taxi” o “atrápalo todo” no han dado la talla ni realizado la tarea que interesa al movimiento social de superar el capitalismo, aunque digan ser de izquierda; tampoco funcionan los “hiper-radicales”, ni los “hiper-moderados”. La discusión acerca de esta opción partidaria alternativa debe darse ya; y habrá que llegar a conclusiones claras y definitivas al más breve plazo, dado el calendario electoral y sus rígidos plazos y requisitos a cumplir.

El movimiento social ha sido y posiblemente seguirá siendo exitoso en poder levantar fuerza desde el ámbito de la sociedad civil y el comunitario; pero no logra trasladar ni acumular esa fuerza en el plano político, donde se disputa realmente la hegemonía y el control del poder del Estado y sus aparatos. Mientras no se llene el vacío electoral es muy probable que el enemigo de clase, de la decencia, la transparencia y la democracia siga dominando esa y otras instancias gubernamentales; y continúe imponiendo sus decisiones dictatorialmente, con fuerza legal y policial-militar, así como con apoyos externos provenientes del Imperio y sus aliados regionales. Tal ha sido la norma al día de hoy y lo seguirá siendo si no estructura un partido alternativo en los términos señalados, aunque exista una crisis de legalidad y legitimidad del sistema político local, debido al alcance de una corrupción sistémica incontrolada.

4. DEL SIMPLE LLAMADO A LA UNIDAD, A LA MÁXIMA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA

No basta con hacer llamados exasperados a la unidad del movimiento social en abstracto. Debe entenderse que todos compartimos y enfrentamos situaciones político-sociales e históricas semejantes, lo que nos obliga a establecer una serie de lineamientos estratégicos que enlacen lo más posible a todo el espectro de la centro-izquierda nacional bajo una sola bandera de lucha que alcemos entre todos, trace una línea de resistencia activa y dé un golpe encima de la mesa a las derechas neoliberales. Funcionaría ésta bandera como una especie de arco que, ante los desafíos comunes que tenemos por delante y a partir de reconocerlos, le facilite a las distintas corrientes del movimiento social y de las izquierdas el converger en la acción. La idea es que cada corriente mantenga su identidad y perfil político-ideológico, histórico y cultural que la diferencia de los demás; no obstante, hay que hacerlo sin exagerar el tono de sus diferencias y pugnas. Se desea que éstas no rompan la directriz de la máxima cooperación, ni la trama de los intereses generales y bien compartidos.

Mantener la cooperación exige dos cosas: a) percibir la situación estratégica común a todos; y b) no la eliminación de las diferentes posiciones y los debates, pero sí la moderación o apaciguamiento relativo de las tendencias extremas y demás fuerzas centrífugas que fomentan el divisionismo y la hiper-polarización. Como lo ha dicho Valter Pomar, secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, “las corrientes ultra-radicales o híper-moderadas que se niegan a percibir la existencia de una situación estratégica común son exactamente aquellas que, consciente o inconscientemente, prestan servicio a las clases dominantes locales o al imperialismo.”

Plan fiscal B: el ataque depredador al empleo público

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2012-07-11

Diario digital NUESTRO PAÍS/ Columna “Pensamiento Crítico”

Ante los diputados, en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios (CAH) del pasado 29 de mayo, el ministro neoliberal de Hacienda Edgar Ayales soltó una sentencia en materia de reforma fiscal y manejo del Plan Fiscal B, que no debe pasar inadvertida; sobre todo en las filas del sindicalismo y el movimiento social que lucha por defender importantes conquistas del Estado de Bienestar o “Protector”.

Dijo Ayales en esa ocasión:  “Vamos a mantenernos muy firmes; no queremos que el gasto corriente crezca más que la inflación; ya vamos a tener suficientes problemas con los salarios para tener también problemas con otros gastos”. (Cita extraída del Acta No. 02 de la CAH del día 29/5/2012)  Quiere bajarlo a lo largo de todo el sector público, hasta dejarlo en un 4%, una tasa de crecimiento compatible con las tasas de inflación y de aumento del PIB para el 2012-2013.

Y ya nos ha anunciado que tendrá a su favor un buen arsenal jurídico a disposición para acometer la tarea, muy a fondo, con mano firme y dura, además con buena tijera. Veamos.

Se trata de al menos dos proyectos de ley (el de “Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas” y de otros en ciernes como el de una “Ley de Empleo Público”, a los que debe sumarse la Directriz Presidencial No. 013-H del 16/02/2011, el Decreto Ejecutivo No. 36.857 MP-PLAN-H del 9/11/2011 en el cual la presidencia establece la “Creación de Rectoría Política en Materia de Empleo del Sector Público”, con lo cual se le otorga supremas potestades de imperio a la Autoridad Presupuestaria, en ese y en muchos otros sentidos, esta vez sobre la totalidad del sector público, centralizado y descentralizado, incluidas las universidades para meterlas en cintura.

También Ayales podría echar mano del proyecto de “Ley de Responsabilidad Fiscal” (Expediente legislativo N° 17.868) que fija límites estrictos al crecimiento del gasto y a la deuda pública, entre otras medidas de contención. Y de seguro que, para remachar, recibirá el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR), según está definido en los lineamientos de su “Informe sobre Gestión del Estado en Materia de Empleo”,  20/02/2009 DFOE-PGAA-IF-65, aparte de los poderosos recursos de intervención que otorga la Ley No. 8292 de “Control Interno Institucional” en toda la administración pública nacional, y no solo en el gobierno central.

Pero, lo que más agradece Ayales – y él dice que a Dios- es el auxilio que le brindará la Autoridad Presupuestaria y su flamante Unidad de Asistencia Técnica. Porque al tenerla como su mano derecha en la acometida, según lo facultan los proyectos de ley y decretos antes mencionados y en especial el de “Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas”, entonces su poder de decisión ministerial se le extiende a todo el sector público y no solo al restringido ámbito gobierno central como ahora sucede.

Así lo ha reconocido y explicado el expandido funcionario ante la CAH Ver el Acta No. 10, 19/6/2012): “Gracias a Dios por la Autoridad Presupuestaria, yo no sé qué haríamos sin la Autoridad Presupuestaria…Este proyecto [el de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas] va dirigido a eso exactamente, estoy de acuerdo, yo no puedo hacer política fiscal viendo un tercio del sector público, no se puede; a un tercio del sector público que es el gobierno central y de ese tercio del 80% son salarios que no puedo tocar, es un 10%; la política fiscal de Costa Rica se focaliza en un 10% del gasto, eso no puede ser, lo que pasa es que legalmente es muy complejo el sector público costarricense y hay leyes para que cualquier institución se escape de cualquier forma de, ni siquiera regulación, de la provisión de informaciones, que es lo que vamos a sacar en este proyecto.”

De ese modo, ningún sector ni institución del Estado quedará fuera de la podadora del gasto de este ministro transformado, mediante esa eventual ley, en un ultra-poderoso y omni-comprensivo Zar Hacendario, uno como nunca ha existido antes en la historia del país.

Todas esas iniciativas de ley anuncian con meridiana claridad la hoja de ruta que seguirá la procesión del Plan Fiscal B con Ayales a la cabeza. Primero, como ya lo anunciamos desde esta columna, vendrá un ataque implacable contra las remuneraciones y las transferencias que representan respectivamente el 25% y el 23% presupuesto del gobierno central para 2012, con medidas de contención del crecimiento y recortes drásticos que constituyen una severa amenaza para todos los empleados públicos en los niveles medios y bajos de la jerarquía, ya que en los altos niveles se aloja gran parte de la clase política afecta al régimen y solo se afectará, si acaso, cosméticamente. Segundo, aparte de las remuneraciones, varios decretos y las dos leyes antes citadas de manejo de las finanzas y del empleo,  eliminarán “pluses salariales”, incentivos, beneficios y derechos laborales logrados por los trabajadores, la suma de los cuales en promedio constituyen un 49% del monto del salario y del costo total de la planilla del Estado. Tercero, se establecería el régimen de “Salario Único” en todo el Estado, sin excepción. Cuarto, lo que más apetecen los corruptos del PLN y otros sectores de la clase política: se acabaría con las convenciones colectivas y los sindicatos a lo largo y ancho del sector público, junto con el respaldo que estos mecanismos y actores le dan al andamiaje de los derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora pública.

En síntesis, Ayales está dispuesto a que, con los instrumentos que tiene a mano, no puedan crearse más incentivos laborales en sector alguno de la administración pública centralizado o no centralizada. Así lo expresó tajante el 19 de junio ante la CAH  en el congreso (Ver el Acta No. 10): “Mientras no tengamos una nueva ley de salarios, por lo menos que los ministerios y las agencias descentralizadas, no puedan crear incentivos salariales nuevos, a no ser que pasen por la Asamblea Legislativa; porque el caos que existe ya es suficiente, más que suficiente, ya está desbordado el tema. Se acuerdan, yo creo que mencioné la vez anterior que, cuando se aumentan los salarios un tres o cuatro por ciento, el primer semestre, la planilla sube un diez por ciento. No entiendo cómo puede hacer uno política fiscal así, bueno no se puede realmente, por este problema de incentivos salariales.”

No olvidemos que también ha prometido que le entrará duro, y en igual sentido, a las transferencias; las cuales tienen relación directa con la inversión social al ser en un 95% gasto social, en renglones tan sensibles como seguridad social, salud y educación pública (incluida la superior), entre otros. Quedamos notificados de que no se cumplirá con asignarle a la educación el 8% del PIB, tal como lo exige la Constitución Política. Obviamente, se trata de áreas donde, al constreñirse el gasto según toda esta ortodoxia neoliberal que esgrime Ayales, se afectarán los niveles de empleo y remuneración con el consiguiente acrecentamiento del daño social y la negativa afectación a la estabilidad y el mercado laborales.

En general, este flamante exfuncionario del FMI, el BID y el Banco Mundial actuando así y sin tapujos como buen economista neoliberal que es, considera que llegó la hora de decirle al país y a los 245.000 empleados del Estado, que todos esos rubros deben ser intervenidos para rebajar el déficit, impedir que ascienda la deuda interna,  y bajar presiones al alza en las tasas de interés que elevan el riesgo-país, entre otros desequilibrios macroeconómicos que afectan las tasas de ganancia del gran capital financiero-bancario y sus activos, que, por cierto, crecieron un elevado 8% en 2011, casi el doble del PIB. Detrás está, por supuesto, la obsesión por mantener la inflación lo más baja posible, a la cual por cierto más teme ese capital corporativo; aunque esto signifique deprimir la economía por debajo de lo que ya se encuentra.

Sin duda que, con todo este paquete de medidas del Plan Fiscal B de contención del gasto y el empleo en todo el sector público, se busca calmar los llamados “mercados internacionales” y enviar buenas señales tanto a las agencias calificadoras del riesgo-país (como Moody’s, Fitch o Standard & Poor´s), como a los organismos financieros internacionales, entre ellos y en primera fila a aquellos donde el ministro Ayales ha sido fiel funcionario: FMI, Banco Mundial y BID.