Plan fiscal B: el ataque depredador al empleo público
Fuente: José Luis Vega Carballo
| 2012-07-11
Diario digital NUESTRO PAÍS/ Columna “Pensamiento
Crítico”
Ante los diputados, en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios (CAH) del pasado 29 de mayo, el ministro neoliberal de Hacienda Edgar Ayales soltó una sentencia en materia de reforma fiscal y manejo del Plan Fiscal B, que no debe pasar inadvertida; sobre todo en las filas del sindicalismo y el movimiento social que lucha por defender importantes conquistas del Estado de Bienestar o “Protector”.
Dijo Ayales en esa ocasión: “Vamos a mantenernos muy firmes; no queremos que el gasto corriente crezca más que la inflación; ya vamos a tener suficientes problemas con los salarios para tener también problemas con otros gastos”. (Cita extraída del Acta No. 02 de la CAH del día 29/5/2012) Quiere bajarlo a lo largo de todo el sector público, hasta dejarlo en un 4%, una tasa de crecimiento compatible con las tasas de inflación y de aumento del PIB para el 2012-2013.
Y ya nos ha anunciado que tendrá a su favor un buen arsenal jurídico a disposición para acometer la tarea, muy a fondo, con mano firme y dura, además con buena tijera. Veamos.
Se trata de al menos dos proyectos de ley (el de “Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas” y de otros en ciernes como el de una “Ley de Empleo Público”, a los que debe sumarse la Directriz Presidencial No. 013-H del 16/02/2011, el Decreto Ejecutivo No. 36.857 MP-PLAN-H del 9/11/2011 en el cual la presidencia establece la “Creación de Rectoría Política en Materia de Empleo del Sector Público”, con lo cual se le otorga supremas potestades de imperio a la Autoridad Presupuestaria, en ese y en muchos otros sentidos, esta vez sobre la totalidad del sector público, centralizado y descentralizado, incluidas las universidades para meterlas en cintura.
También Ayales podría echar mano del proyecto de “Ley de Responsabilidad Fiscal” (Expediente legislativo N° 17.868) que fija límites estrictos al crecimiento del gasto y a la deuda pública, entre otras medidas de contención. Y de seguro que, para remachar, recibirá el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR), según está definido en los lineamientos de su “Informe sobre Gestión del Estado en Materia de Empleo”, 20/02/2009 DFOE-PGAA-IF-65, aparte de los poderosos recursos de intervención que otorga la Ley No. 8292 de “Control Interno Institucional” en toda la administración pública nacional, y no solo en el gobierno central.
Pero, lo que más agradece Ayales – y él dice que a Dios- es el auxilio que le brindará la Autoridad Presupuestaria y su flamante Unidad de Asistencia Técnica. Porque al tenerla como su mano derecha en la acometida, según lo facultan los proyectos de ley y decretos antes mencionados y en especial el de “Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas”, entonces su poder de decisión ministerial se le extiende a todo el sector público y no solo al restringido ámbito gobierno central como ahora sucede.
Así lo ha reconocido y explicado el expandido funcionario ante la CAH Ver el Acta No. 10, 19/6/2012): “Gracias a Dios por la Autoridad Presupuestaria, yo no sé qué haríamos sin la Autoridad Presupuestaria…Este proyecto [el de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas] va dirigido a eso exactamente, estoy de acuerdo, yo no puedo hacer política fiscal viendo un tercio del sector público, no se puede; a un tercio del sector público que es el gobierno central y de ese tercio del 80% son salarios que no puedo tocar, es un 10%; la política fiscal de Costa Rica se focaliza en un 10% del gasto, eso no puede ser, lo que pasa es que legalmente es muy complejo el sector público costarricense y hay leyes para que cualquier institución se escape de cualquier forma de, ni siquiera regulación, de la provisión de informaciones, que es lo que vamos a sacar en este proyecto.”
De ese modo, ningún sector ni institución del Estado quedará fuera de la podadora del gasto de este ministro transformado, mediante esa eventual ley, en un ultra-poderoso y omni-comprensivo Zar Hacendario, uno como nunca ha existido antes en la historia del país.
Todas esas iniciativas de ley anuncian con meridiana claridad la hoja de ruta que seguirá la procesión del Plan Fiscal B con Ayales a la cabeza. Primero, como ya lo anunciamos desde esta columna, vendrá un ataque implacable contra las remuneraciones y las transferencias que representan respectivamente el 25% y el 23% presupuesto del gobierno central para 2012, con medidas de contención del crecimiento y recortes drásticos que constituyen una severa amenaza para todos los empleados públicos en los niveles medios y bajos de la jerarquía, ya que en los altos niveles se aloja gran parte de la clase política afecta al régimen y solo se afectará, si acaso, cosméticamente. Segundo, aparte de las remuneraciones, varios decretos y las dos leyes antes citadas de manejo de las finanzas y del empleo, eliminarán “pluses salariales”, incentivos, beneficios y derechos laborales logrados por los trabajadores, la suma de los cuales en promedio constituyen un 49% del monto del salario y del costo total de la planilla del Estado. Tercero, se establecería el régimen de “Salario Único” en todo el Estado, sin excepción. Cuarto, lo que más apetecen los corruptos del PLN y otros sectores de la clase política: se acabaría con las convenciones colectivas y los sindicatos a lo largo y ancho del sector público, junto con el respaldo que estos mecanismos y actores le dan al andamiaje de los derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora pública.
En síntesis, Ayales está dispuesto a que, con los instrumentos que tiene a mano, no puedan crearse más incentivos laborales en sector alguno de la administración pública centralizado o no centralizada. Así lo expresó tajante el 19 de junio ante la CAH en el congreso (Ver el Acta No. 10): “Mientras no tengamos una nueva ley de salarios, por lo menos que los ministerios y las agencias descentralizadas, no puedan crear incentivos salariales nuevos, a no ser que pasen por la Asamblea Legislativa; porque el caos que existe ya es suficiente, más que suficiente, ya está desbordado el tema. Se acuerdan, yo creo que mencioné la vez anterior que, cuando se aumentan los salarios un tres o cuatro por ciento, el primer semestre, la planilla sube un diez por ciento. No entiendo cómo puede hacer uno política fiscal así, bueno no se puede realmente, por este problema de incentivos salariales.”
No olvidemos que también ha prometido que le entrará duro, y en igual sentido, a las transferencias; las cuales tienen relación directa con la inversión social al ser en un 95% gasto social, en renglones tan sensibles como seguridad social, salud y educación pública (incluida la superior), entre otros. Quedamos notificados de que no se cumplirá con asignarle a la educación el 8% del PIB, tal como lo exige la Constitución Política. Obviamente, se trata de áreas donde, al constreñirse el gasto según toda esta ortodoxia neoliberal que esgrime Ayales, se afectarán los niveles de empleo y remuneración con el consiguiente acrecentamiento del daño social y la negativa afectación a la estabilidad y el mercado laborales.
En general, este flamante exfuncionario del FMI, el BID y el Banco Mundial actuando así y sin tapujos como buen economista neoliberal que es, considera que llegó la hora de decirle al país y a los 245.000 empleados del Estado, que todos esos rubros deben ser intervenidos para rebajar el déficit, impedir que ascienda la deuda interna, y bajar presiones al alza en las tasas de interés que elevan el riesgo-país, entre otros desequilibrios macroeconómicos que afectan las tasas de ganancia del gran capital financiero-bancario y sus activos, que, por cierto, crecieron un elevado 8% en 2011, casi el doble del PIB. Detrás está, por supuesto, la obsesión por mantener la inflación lo más baja posible, a la cual por cierto más teme ese capital corporativo; aunque esto signifique deprimir la economía por debajo de lo que ya se encuentra.
Sin duda que, con todo este paquete de medidas del Plan Fiscal B de contención del gasto y el empleo en todo el sector público, se busca calmar los llamados “mercados internacionales” y enviar buenas señales tanto a las agencias calificadoras del riesgo-país (como Moody’s, Fitch o Standard & Poor´s), como a los organismos financieros internacionales, entre ellos y en primera fila a aquellos donde el ministro Ayales ha sido fiel funcionario: FMI, Banco Mundial y BID.
Ante los diputados, en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios (CAH) del pasado 29 de mayo, el ministro neoliberal de Hacienda Edgar Ayales soltó una sentencia en materia de reforma fiscal y manejo del Plan Fiscal B, que no debe pasar inadvertida; sobre todo en las filas del sindicalismo y el movimiento social que lucha por defender importantes conquistas del Estado de Bienestar o “Protector”.
Dijo Ayales en esa ocasión: “Vamos a mantenernos muy firmes; no queremos que el gasto corriente crezca más que la inflación; ya vamos a tener suficientes problemas con los salarios para tener también problemas con otros gastos”. (Cita extraída del Acta No. 02 de la CAH del día 29/5/2012) Quiere bajarlo a lo largo de todo el sector público, hasta dejarlo en un 4%, una tasa de crecimiento compatible con las tasas de inflación y de aumento del PIB para el 2012-2013.
Y ya nos ha anunciado que tendrá a su favor un buen arsenal jurídico a disposición para acometer la tarea, muy a fondo, con mano firme y dura, además con buena tijera. Veamos.
Se trata de al menos dos proyectos de ley (el de “Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas” y de otros en ciernes como el de una “Ley de Empleo Público”, a los que debe sumarse la Directriz Presidencial No. 013-H del 16/02/2011, el Decreto Ejecutivo No. 36.857 MP-PLAN-H del 9/11/2011 en el cual la presidencia establece la “Creación de Rectoría Política en Materia de Empleo del Sector Público”, con lo cual se le otorga supremas potestades de imperio a la Autoridad Presupuestaria, en ese y en muchos otros sentidos, esta vez sobre la totalidad del sector público, centralizado y descentralizado, incluidas las universidades para meterlas en cintura.
También Ayales podría echar mano del proyecto de “Ley de Responsabilidad Fiscal” (Expediente legislativo N° 17.868) que fija límites estrictos al crecimiento del gasto y a la deuda pública, entre otras medidas de contención. Y de seguro que, para remachar, recibirá el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR), según está definido en los lineamientos de su “Informe sobre Gestión del Estado en Materia de Empleo”, 20/02/2009 DFOE-PGAA-IF-65, aparte de los poderosos recursos de intervención que otorga la Ley No. 8292 de “Control Interno Institucional” en toda la administración pública nacional, y no solo en el gobierno central.
Pero, lo que más agradece Ayales – y él dice que a Dios- es el auxilio que le brindará la Autoridad Presupuestaria y su flamante Unidad de Asistencia Técnica. Porque al tenerla como su mano derecha en la acometida, según lo facultan los proyectos de ley y decretos antes mencionados y en especial el de “Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas”, entonces su poder de decisión ministerial se le extiende a todo el sector público y no solo al restringido ámbito gobierno central como ahora sucede.
Así lo ha reconocido y explicado el expandido funcionario ante la CAH Ver el Acta No. 10, 19/6/2012): “Gracias a Dios por la Autoridad Presupuestaria, yo no sé qué haríamos sin la Autoridad Presupuestaria…Este proyecto [el de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas] va dirigido a eso exactamente, estoy de acuerdo, yo no puedo hacer política fiscal viendo un tercio del sector público, no se puede; a un tercio del sector público que es el gobierno central y de ese tercio del 80% son salarios que no puedo tocar, es un 10%; la política fiscal de Costa Rica se focaliza en un 10% del gasto, eso no puede ser, lo que pasa es que legalmente es muy complejo el sector público costarricense y hay leyes para que cualquier institución se escape de cualquier forma de, ni siquiera regulación, de la provisión de informaciones, que es lo que vamos a sacar en este proyecto.”
De ese modo, ningún sector ni institución del Estado quedará fuera de la podadora del gasto de este ministro transformado, mediante esa eventual ley, en un ultra-poderoso y omni-comprensivo Zar Hacendario, uno como nunca ha existido antes en la historia del país.
Todas esas iniciativas de ley anuncian con meridiana claridad la hoja de ruta que seguirá la procesión del Plan Fiscal B con Ayales a la cabeza. Primero, como ya lo anunciamos desde esta columna, vendrá un ataque implacable contra las remuneraciones y las transferencias que representan respectivamente el 25% y el 23% presupuesto del gobierno central para 2012, con medidas de contención del crecimiento y recortes drásticos que constituyen una severa amenaza para todos los empleados públicos en los niveles medios y bajos de la jerarquía, ya que en los altos niveles se aloja gran parte de la clase política afecta al régimen y solo se afectará, si acaso, cosméticamente. Segundo, aparte de las remuneraciones, varios decretos y las dos leyes antes citadas de manejo de las finanzas y del empleo, eliminarán “pluses salariales”, incentivos, beneficios y derechos laborales logrados por los trabajadores, la suma de los cuales en promedio constituyen un 49% del monto del salario y del costo total de la planilla del Estado. Tercero, se establecería el régimen de “Salario Único” en todo el Estado, sin excepción. Cuarto, lo que más apetecen los corruptos del PLN y otros sectores de la clase política: se acabaría con las convenciones colectivas y los sindicatos a lo largo y ancho del sector público, junto con el respaldo que estos mecanismos y actores le dan al andamiaje de los derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora pública.
En síntesis, Ayales está dispuesto a que, con los instrumentos que tiene a mano, no puedan crearse más incentivos laborales en sector alguno de la administración pública centralizado o no centralizada. Así lo expresó tajante el 19 de junio ante la CAH en el congreso (Ver el Acta No. 10): “Mientras no tengamos una nueva ley de salarios, por lo menos que los ministerios y las agencias descentralizadas, no puedan crear incentivos salariales nuevos, a no ser que pasen por la Asamblea Legislativa; porque el caos que existe ya es suficiente, más que suficiente, ya está desbordado el tema. Se acuerdan, yo creo que mencioné la vez anterior que, cuando se aumentan los salarios un tres o cuatro por ciento, el primer semestre, la planilla sube un diez por ciento. No entiendo cómo puede hacer uno política fiscal así, bueno no se puede realmente, por este problema de incentivos salariales.”
No olvidemos que también ha prometido que le entrará duro, y en igual sentido, a las transferencias; las cuales tienen relación directa con la inversión social al ser en un 95% gasto social, en renglones tan sensibles como seguridad social, salud y educación pública (incluida la superior), entre otros. Quedamos notificados de que no se cumplirá con asignarle a la educación el 8% del PIB, tal como lo exige la Constitución Política. Obviamente, se trata de áreas donde, al constreñirse el gasto según toda esta ortodoxia neoliberal que esgrime Ayales, se afectarán los niveles de empleo y remuneración con el consiguiente acrecentamiento del daño social y la negativa afectación a la estabilidad y el mercado laborales.
En general, este flamante exfuncionario del FMI, el BID y el Banco Mundial actuando así y sin tapujos como buen economista neoliberal que es, considera que llegó la hora de decirle al país y a los 245.000 empleados del Estado, que todos esos rubros deben ser intervenidos para rebajar el déficit, impedir que ascienda la deuda interna, y bajar presiones al alza en las tasas de interés que elevan el riesgo-país, entre otros desequilibrios macroeconómicos que afectan las tasas de ganancia del gran capital financiero-bancario y sus activos, que, por cierto, crecieron un elevado 8% en 2011, casi el doble del PIB. Detrás está, por supuesto, la obsesión por mantener la inflación lo más baja posible, a la cual por cierto más teme ese capital corporativo; aunque esto signifique deprimir la economía por debajo de lo que ya se encuentra.
Sin duda que, con todo este paquete de medidas del Plan Fiscal B de contención del gasto y el empleo en todo el sector público, se busca calmar los llamados “mercados internacionales” y enviar buenas señales tanto a las agencias calificadoras del riesgo-país (como Moody’s, Fitch o Standard & Poor´s), como a los organismos financieros internacionales, entre ellos y en primera fila a aquellos donde el ministro Ayales ha sido fiel funcionario: FMI, Banco Mundial y BID.
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