Columna “Pensamiento Crítico”
PLAN FISCAL B: POR DÓNDE VIENE LA PROCESIÓN
Por José Luis Vega Carballo
Desde hace unas semanas el nuevo ministro de Hacienda Edgar Ayales viene amenazando a quienes laboran en el sector público y a sus organizaciones sindicales con que tocará lo que muchos pensaban intocable: la estructura y el nivel del empleo y las remuneraciones, como medio de contener aún más el gasto y el déficit fiscales de lo que han sido ya reprimidos como resultado de la aplicación de políticas de austeridad. Entiéndase recorte a todo dar para reducir el monto de la planilla por debajo del 23% del total del presupuesto que representa hoy día; o mejor dicho rebajar erogaciones con dura tijera hasta donde lo permita el clientelismo político del partido en el poder, el cual ha entrado en ciclo electoral, arrastrando al dócil y debilitado gobierno de Chinchilla, que no podrá resistirse a responder a las presiones de la infausta maquinaria, menos del arismo.
Se va revelando así un cambio de rumbo y la verdadera misión de Ayales al frente de Hacienda.
En efecto, la política fiscal ha ido pasando de una primera propuesta centrada en elevar e introducir nuevos tributos (Plan Fiscal A) para subir la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB, a otra fase. Es la que Thelmo Vargas llama de corte “neoliberal a ultranza” y que encanta al FMI. Se trata del Plan Fiscal B calculado para reducir el déficit (que alcanzó la suma de ¢426.0000 millones en mayo de este año) en por lo menos un 4%. Se ha anunciado desde Hacienda que esto se hará por medio de recortes y las llamadas “racionalizaciones” del empleo y el gasto fiscal. Es decir, dejando el incremento de la carga de los impuestos en un mínimo de 0,86% del PIB e incólume la estructura tributaria vigente, la cual sólo sufriría ligeros ajustes para contrarrestar en algo la elusión, la evasión y otros fraudes tributarios; todo lo cual no subsana el déficit por el lado de los ingresos del Gobierno Central. Para beneficio de la clase gobernante, de esa manera, se deja incólume la estructura tributaria existente que descarga el peso de la carga tributaria –y también los costos de la crisis que atraviesa le economía y las finanzas públicas- en los bolsillos de las clases trabajadoras y medias de menores ingresos.
Mientras eso sucede, el gobierno quiere comprarse un buen respiro hasta terminar su gestión en el 2014. Lo hará mediante una ley que forma parte del Plan B y que lo autoriza a emitir eurobonos hasta por $4.000 millones, recursos que seguramente se usarán para dos cosas.
Primero, para subir los gastos de capital (por ejemplo, inversiones en obras de infraestructura) luego de que este rubro se desplomó un 4,5% en el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el monto del 2011. Para eso, lo mejor ahora es confiar en recursos frescos de la deuda pactada en el exterior, por ejemplo, los $4.000 millones a colocar en eurobonos.
Segundo, no obstante que esos recursos inflan el volumen de la deuda externa, podrían ser usados para aminorar un tanto el déficit, así como para frenar y hasta revertir la actual tendencia al alza de las tasas interés y de la deuda interna, por ahora cifrada en un manejable 32% del PIB.
Como bien se sabe, esa alza de las tasas de interés -o encarecimiento del crédito- es generada por crecientes captaciones del gobierno en el mercado financiero local a fin de reducir el déficit. Pero si recurre al crédito externo para financiarse, se puede descompresionar ese mercado y en consecuencia disminuir las tasas de interés, que han venido elevándose conforme el gobierno debido colocar en ese mercado unas cantidades elevadas de bonos en lo que va del año. Así, para mayo el déficit fiscal se ubicó en ¢367.140 millones y, para afrontarlo, Hacienda debió vender bonos en el mercado financiero por ¢500.000 millones.
 Hay que señalar que esta opción de financiamiento del gobierno central de paso hará descender en este segundo semestre del 2012 cualquier tendencia alcista del tipo de cambio con relación al dólar; algo que, por cierto, no gustará a los exportadores, quienes presionan al gobierno y al Banco Central por elevarlo a fin de recibir más colones por los dólares que perciben del exterior.
Con esa habilidosa maniobra o estrategia de corto plazo plasmada en el Plan Fiscal B, el gobierno logra “patear la bola hacia adelante” en la coyuntura, al poder pasar gran parte del problema fiscal y tributario a sus sucesores junto a una mayor deuda externa a las próximas generaciones de contribuyentes; endeudamiento que eventualmente hasta podría volverse inmanejable como sucedió a inicios de los años de 1980. Así se ha rearmado el juego desde Hacienda y Zapote. 
Adiós, pues, a la reforma tributaria y con ello a los sueños de algunos políticos y tecnócratas cifrados en cuanto a poder elevar la baja carga tributaria del país, la cual reposa en un 13% del PIB y que ciertamente, con la nueva forma de medir ese parámetro, el ministro Ayales piensa que podría llegar a un 11%, por mucho la más menguada de Centroamérica.
Claro está, que al descartar la vía de la reforma  el gobierno de Chinchilla se refuerza en los altos círculos de la clase dominante. Pues complace mucho a los sectores empresariales y a otros del “bloque de poder” interesados en pagar pocos o ningunos tributos y en seguir disfrutando las delicias del fraude tributario.
En lugar de una reforma tributaria y fiscal veremos algunas medidas “light” para atacar la elusión y la evasión impositivas, y para mejorar la recaudación, verdaderos saludos a la bandera.
Pero lo que sí tendrá prioridad en la orden del día, será una larga serie de duras medidas tendientes a recortar el gasto y a elevar el endeudamiento externo vía préstamos y crecientes emisiones de bonos, como dijimos hasta por $4.000 millones. Y es donde surge la pregunta clave que hay que responder: ¿y quién pagará la factura de esa poda del gasto que se avecina? Seguida de esta otra interrogante: ¿Cómo quedará el balance entre “ganadores” y “perdedores” que ineludiblemente trazará esa política económica y fiscal, la cual no es para nada socialmente neutra en términos de la división y la lucha de clases?
Ya contamos con una primera aproximación desde las filas de la clase capitalista neo-oligárquica hecha por un liberal vocero en “La Nación” (“El costo político de recortar gasto público”, 30-5-2012). Afirma allí Luis Loría, director General de Cadexco: “La propuesta del Ejecutivo, ahora, es que la factura la paguen, también, las empresas exportadoras de bienes y servicios, incluyendo mipymes agrícolas, turísticas y empresas de zona franca.” Por tanto, “el costo lo asumirán también los trabajadores, en los casos en los que las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas al perder su viabilidad.” Y termina señalando esta fuente: “esta grave amenaza para empresas y trabajadores guarda relación con la eventual aprobación para la emisión de $4.000 millones de deuda externa (eurobonos), ya que, como resultado de la entrada masiva de dólares al país, caería, aún más, el tipo de cambio.”
Por supuesto, que oculta bien este vocero lo que para nosotros es algo evidente: que el mayor costo por el lado de los recortes (ya no tanto ni directamente por motivo del endeudamiento externo) lo asumirán los sectores de clase media y trabajadora que laboran para el Estado, en general los empleados públicos que serán el objeto del implacable ataque que se avecina contra el gasto laboral (salarios, beneficios, pensiones, etc.), bien disimulado como magno esfuerzo o sacrificio para restablecer los equilibrios fiscales; ello en vista de que no fue posible seguir por la ruta de la reforma tributaria y de que no se piensa en recortar exoneraciones y exenciones que sobrepasan el 7% del PIB.
Lo que sí es indispensable para la estrategia neoliberal, es evitar por cualquier medio que los organismos financieros internacionales (incluidas las agencias calificadores del llamado “riesgo-país”) peguen el grito en el cielo y bajen sus calificaciones crediticias al país, sobre todo porque el déficit sobrepasa el 3% que obsesivamente pregonan debe tener como límite máximo con respecto del PIB, y porque la deuda pública total avanza hasta el límite de un 60% tasado según el mismo parámetro. Es a ellos a quienes busca complacer este gobierno y en particular Ayales. Fueron no solo sus antiguos empleadores, sino que ideológicamente está de lleno en su mismo campo y armando el juego que recomiendan armar.

PLAN FISCAL B: LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Por José Luis Vega Carballo

Cada vez se evidencia mejor que el llamado “Plan Fiscal B” del gobierno de Chinchilla es ante todo un conjunto incoherente de medidas casuísticas que se sacó de la manga de la camisa el ministerio de Hacienda para buscar una manera de aterrizar con algo de lo que siempre dijo carecer: una alternativa frente al hundimiento del Plan A, acto que al final se encargó de ejecutar la Sala IV constitucional. A ello se unió el manifiesto descontento y las fuertes presiones cruzadas montadas por varios sectores empresariales y cámaras, que no veían con buenos ojos algunas medidas del Plan A que podían mejorar la recaudación del impuesto de renta, gravaban los servicios privados (salud, educación, etc.) y transformaban el impuesto de ventas en uno al valor agregado de bienes y servicios; aparte de que resentían el aumento de un impuesto a las zonas francas por verlo una medida atentatoria contra los intereses del gran capital transnacional que, entre otras cosas, podía ahuyentarlo.

Ahora, con el Plan B, esos poderosos sectores no se verán ni levemente amenazados y de seguro le darán el apoyo al gobierno, el cual ha fortalecido alianzas al interior de la Asamblea Legislativa (con el PASE y los diputados evangélicos a la cabeza, seguidos de cerca por el PUSC) y por el lado del sindicalismo gremialista (como el representado por la ANEP, la central Rerum Novarum y algunas otras organizaciones magisteriales que le hacen el juego también, como la ANDE y el SEC); todo ello a efecto de desarmar los intentos de unificar la oposición parlamentaria (si es que así puede llamarse) y para bajar las resistencias que pudieran provenir del flanco del movimiento social, donde parece que se reactivará a corto plazo la “Coordinadora Nacional de Lucha”, siguiendo el esquema utilizado durante la movilización popular contra el TLC con EEUU. Una cosa que para nada puede agradar al gobierno, en tanto en cuanto puede significar la aglutinación de algunas fuerzas en este momento dispersas, para lanzarlas en contra del Plan B y de otras iniciativas conexas como el proyecto de Ley de Empleo Público y varias otras medidas que atentan contra los derechos y beneficios laborales de todos los trabajadores del sector público, contenidas en el Plan B; especialmente en la “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”, así como en varios decretos y directrices relacionadas con el reposicionamiento de la Autoridad Presupuestaria.

La razón por la cual Zapote tiene ahora mejores probabilidades de lograr aprobación tanto parlamentaria como de las cámaras patronales a su Plan B, es que ya no es un intento de reforma tributaria que implique elevaciones significativas de algunos impuestos, como el de la renta o al valor agregado de la producción de bienes y servicios (IVA), que eran parte del Plan A y que venían a afectar directamente al gran capital. O bien, que lo golpeaban indirectamente porque se traducían en bajas del ritmo y hasta de la rentabilidad de los negocios privados en general, al elevar los precios y el costo de vida, constreñir la demanda agregada, y obligar a las familias de medios y bajos ingresos a reducir sus niveles de consumo.

Si tomamos las medidas apiladas que conforman el desarticulado Plan B, lo más que recaudará adicionalmente el gobierno será un 0,86% del PIB en el mejor de los casos frente a un déficit que ronda el 4-5%; cuando con el Plan A esperaba en su mejor momento llegar hasta un 3%, aunque al final tuvo que conformarse con un 1,5% o menos, luego de que los grupos de presión corporativos pusieron sus maquinarias en marcha y colocaran en jaque a los acobardados diputados, quienes cedieron y cedieron haciendo concesión tras concesión, como es lo acostumbrado. Así que el componente tributario es mínimo en el Plan B y lo importante está en entender que deja, por esa razón, de atacar el déficit fiscal por el lado de los ingresos, y se va por otros lados, donde los propósitos son otros.

En efecto, cuando se abandona en una consolidación fiscal el camino de aumentar la recaudación de los impuestos, las vías alternativas convencionales para enfrentar los problemas del déficit son: a) rebajar el gasto, b) mejorar la eficiencia en la recolección de los impuestos existentes (especialmente en renta y ventas donde los niveles de evasión fluctúan entre 40 y 60%) para evitar así la evasión y la elusión (o sea, el fraude fiscal, que es uno de los deportes favoritos de nuestra clase empresarial y profesional), o c) pidiendo prestado dentro o fuera del país, lo cual implica incrementar los niveles de la deuda interna y/o externa.

Otra opción de la cual poco o nada se habla, es eliminar exoneraciones y exenciones, el monto de las cuales sobrepasa el del déficit y solucionaría el desequilibrio; pero esto implica tocar a los intocables del sistema y cortar, aunque fuera parcialmente, uno de los tentáculos del vasto sistema de la corrupción organizada y planificada que se nutre de las fuentes del fraude fiscal, incluidas por supuesto esas concesiones o granjerías de las que disfrutan anormalmente una gran cantidad de empresas y sectores de la clase capitalista.

En el grupo de medidas incluidas en el Plan B se observa la intención de reducir el gasto corriente. Pero, las dudas comienzan cuando se observa que se dejan otros rubros intactos o por la libre (como los pagos por consultorías, asesorías, contrataciones de muy diversa índole de donde se alimenta el supra-sistema de la corrupción). Sin embargo, dada la cercanía del período o ciclo electoral y el enorme interés del PLN -y de los Arias en particular- por mantener al partido en el poder por un tercer período consecutivo, va a ser difícil, si no imposible, mantener el gasto en bajos niveles. Las presiones para elevarlo son desde ya muy poderosas; y se multiplicarán conforme avance el proceso de la campaña del 2014, la cual se mueve adelantada todo lo posible por los Arias. Son, pues, bajas las expectativas de contención o reducción del gasto como para que éste no crezca por encima de la tasa de crecimiento del 4% del PIB, porcentaje que el gobierno ha prometido sostener en los dos próximos años.

Así las cosas, ¿qué es lo que principalmente pone en juego el Plan B? La respuesta es fácil: el endeudamiento interno que ya se ha disparado, aunque aún no a niveles inmanejables y, ante todo, el externo. En efecto, sin mucho aspaviento es probable que el congreso le apruebe al gobierno una ley autorizándolo a endeudarse hasta por un monto de $4.000 millones, mediante emisiones de eurobonos que comenzarían en el segundo semestre con una primera colocación de $500. Aunque se corre el riesgo de que no se usen los fondos para cubrir inversiones o gastos productivos, sino gastos corrientes e improductivos, al estilo comenzado por los Arias hacia el final de su administración; algo que parece haberse entronizado y llegado para quedarse en las altas esferas del gobierno.

Eso se llama “patear la bola hacia adelante”; pues el problema del desequilibrio y de una reforma fiscal y tributaria en serio se le pasa a las próximas generaciones y a las futuras administraciones; pudiendo entonces el gobierno terminar su período con relativa tranquilidad y sin demasiadas amenazas provenientes del exterior, como serían los castigos y restricciones que, frente a ciertos graves desequilibrios y crisis fiscales, acostumbra imponer el Fondo Monetario Internacional en combinación con la banca privada internacional y las calificadores del riesgo-país (Fitch, Standard and Poor´s, etc.), los llamados “mercados”. Los círculos gobernantes alejarían por la nueva vía del Plan B el peligro de comenzar a recibir duras y desagradables visitas de los “caballeros de negro”, que tanto han acosado a varios gobiernos de Europa como Irlanda, Grecia, Portugal y ahora España, con Italia e Inglaterra haciendo fila, imponiéndoles políticas de austeridad sacadas del baúl de Merkel, la canciller de hierro alemana.

Así que la clase dominante y gobernante de este país ha decidido curarse en salud y optar por una vía expedita – la del endeudamiento interno/externo hasta no sobrepasar quizás el margen prudencial de un 60% del PIB- para conjugar parcialmente la crisis de las finanzas del gobierno central, ganar algo de tiempo, conectar algunos respiradores artificiales por ahí, y dejar que las cosas discurran tal como andan, de mal en peor; pero –eso sí- evitando que estalle una severa convulsión interna de vastas o impredecibles consecuencias motivada por un mayor desorden en las finanzas públicas.

Columna “Pensamiento Crítico”/publicada el 13/6/2012 en diario digital NUESTRO PAÍS

ENJUICIAMIENTO A RESPONSABLES POR LA “TROCHA DE LA CORRUPCIÓN”

Por José Luis Vega Carballo

Comentarios y críticas han ido y venido a favor y en contra de lo sucedido a raíz de la construcción de la trocha Juan Rafael Mora o Ruta 1856 que se extiende a lo largo de la margen costarricense del río San Juan, que sugerimos se rebautice con el nombre de “Trocha de la Corrupción”.

No voy a repasar aquí las informaciones y argumentaciones tan ampliamente difundidas por distintos medios de comunicación sobre este caso, sino a señalar que llama la atención que en ninguna de las revisadas se plantea claramente y con contundencia la urgente necesidad de enjuiciar a los funcionarios del gobierno responsables por el desastre vial, los daños ecológicos, el manejo abiertamente irregular de los cuantiosos fondos usados para financiarlo, y otra cantidad de anomalías.

Nos referimos específicamente a los principales responsables políticos del proyecto en cuestión, o sea: a la propia presidenta Chinchilla, a por lo menos uno de los vicepresidentes esto si no a ambos (Luis Líberman más Alfio Piva), a los ministros involucrados y demás autoridades de Conavi, la Comisión Nacional de Emergencias y el Mopt, incluidos todos los integrantes de una comisión de alto nivel que, según hay evidencias, manejó el proyecto desde la casa presidencial a la sombra del gabinete. Sus actuaciones no deben quedar impunes sino que deben ser juzgadas para fijar las adecuadas sanciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, entiéndase el Estado de Derecho, el cual se saltaron por infinidad de ángulos, revelando los alcances y estilos que se manejan dentro de lo que aquí hemos llamado el “Supra-Sistema de la Corrupción Planificada” o SSCP que lo carcome y abate.

Muchos de los altos responsables andan muy tranquilos porque sienten que hay un manto protector que los envuelve, instalado en la esfera de las autoridades superiores del gobierno; y han señalado que los ampara un “decreto de emergencia nacional” (No. 36440-MP), el cual según ellos les permitía brincarse cuanto principio y norma se les atravesara en el camino, aludiendo de paso a que el “peligro nica” lo justificaba todo. El argumento típicamente escapista lo reseña bien el nuevo ministro de obras públicas Luis Llach, en un artículo titulado “La trocha que vale la pena” (La Nación, 2/6/2012, p. 34A: “Fue construida [la ruta 1856] en un momento de extrema emergencia para nuestro país, no en el ambiente habitual en que se desarrollan los proyectos de infraestructura.  Esto hay que tenerlo claro para que se vea que las críticas hechas sobre posibles incumplimientos procedimentales son inaplicables.” En otras palabras, se podía y se valía el actuar y el ponerse al margen de la ley

Hacen caso omiso de que es un delito, bien tipificado como fraude o abuso de ley, el emitir un decreto o aprobar cualquier otra medida aparentemente legal para, por su medio, poder violar leyes de la República, mucho menos para quedar impunes frente a actos de corrupción e enriquecimiento ilícito. De tal manera que nada les exime de que el peso de la ley caiga sobre ellos y contra sus ilícitos, con las debidas sanciones que el caso amerite; y además obligándolos a la reparación de todos los daños y perjuicios causados. Claro está que, a la par de los funcionarios indicados, debe también procesarse moral y judicialmente a los integrantes de la red de corrupción que se formó por el lado del sector empresarial privado con el fin de obtener inapropiadas ventajas y beneficios con la construcción de la trocha, supuestamente porque, también por su lado, podían ellos cometer las fechorías ya conocidas al amparo del susodicho decreto de emergencia.

Por lo anterior, hay que celebrar la moción aprobada el pasado sábado 2 de junio por los asistentes a una reunión de la “Coordinadora Nacional de Lucha” (CNL) integrada por una red de importantes organizaciones sindicales, magisteriales y sociales; moción que viene a subsanar la carencia de un definido objetivo en el sentido de proceder, no solo a denunciar el vergonzoso descalabro cometido desde las alturas del poder gubernamental a lo largo de la “Trocha de la Corrupción”, sino a proponer concretamente el procesamiento judicial y hasta penal de los causantes de los gravísimos daños que se hicieron al Estado y a la sociedad.

La moción, presentada ante la CNL por la Comisión Nacional de Enlace para la lucha social, establece primero la magnitud de los desmanes cometidos en la apertura de la trocha, y luego señala lo que citamos a continuación: “Se deben instrumentar todas las acciones posibles para enjuiciar las actuaciones desde el punto de vista constitucional, jurídico y ético.” Y agrega algo que nos parece justamente decisivo: “Y que para ello se constituya una Comisión de Trabajo, para darle continuidad a esta iniciativa política. Dicha Comisión tendrá el respaldo de los aparatos legales de las organizaciones de la CNL y hará los contactos necesarios con otros abogados para efectos de este trabajo.” Y afirma que el objetivo de la comisión especial  “es encausar legalmente a los involucrados en esas decisiones”, es decir, las que llevaron al desastre de la trocha en todos sus aspectos técnicos de ingeniería, de impacto ambiental, de malversación de fondos, etc.

Ojalá que la Coordinadora no ceje en su esfuerzo por cumplir con los términos de tan acertada decisión, ya que a la par de los abogados de las organizaciones, estamos seguros que habrá otros que se les unirán en la tarea de defender principios básicos del Estado Democrático de Derecho; principios que la clase política violenta a diario impunemente junto a los Derechos Humanos Integrales, a fin de que los agentes de la corrupción organizada y planificada de alto vuelo –el SSCP- puedan campear a sus anchas, preparar nuevos asaltos al poder, y más atracos contra las arcas públicas. Por supuesto, también que entre sus designios está el lograr imponer un tercer período consecutivo del PLN en Zapote, con buenos refuerzos en Cuesta de Moras.