Columna “Pensamiento Crítico”
PLAN FISCAL B: POR DÓNDE VIENE LA PROCESIÓN
Por José Luis Vega Carballo
Desde hace unas semanas el nuevo ministro de Hacienda Edgar Ayales viene amenazando a quienes laboran en el sector público y a sus organizaciones sindicales con que tocará lo que muchos pensaban intocable: la estructura y el nivel del empleo y las remuneraciones, como medio de contener aún más el gasto y el déficit fiscales de lo que han sido ya reprimidos como resultado de la aplicación de políticas de austeridad. Entiéndase recorte a todo dar para reducir el monto de la planilla por debajo del 23% del total del presupuesto que representa hoy día; o mejor dicho rebajar erogaciones con dura tijera hasta donde lo permita el clientelismo político del partido en el poder, el cual ha entrado en ciclo electoral, arrastrando al dócil y debilitado gobierno de Chinchilla, que no podrá resistirse a responder a las presiones de la infausta maquinaria, menos del arismo.
Se va revelando así un cambio de rumbo y la verdadera misión de Ayales al frente de Hacienda.
En efecto, la política fiscal ha ido pasando de una primera propuesta centrada en elevar e introducir nuevos tributos (Plan Fiscal A) para subir la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB, a otra fase. Es la que Thelmo Vargas llama de corte “neoliberal a ultranza” y que encanta al FMI. Se trata del Plan Fiscal B calculado para reducir el déficit (que alcanzó la suma de ¢426.0000 millones en mayo de este año) en por lo menos un 4%. Se ha anunciado desde Hacienda que esto se hará por medio de recortes y las llamadas “racionalizaciones” del empleo y el gasto fiscal. Es decir, dejando el incremento de la carga de los impuestos en un mínimo de 0,86% del PIB e incólume la estructura tributaria vigente, la cual sólo sufriría ligeros ajustes para contrarrestar en algo la elusión, la evasión y otros fraudes tributarios; todo lo cual no subsana el déficit por el lado de los ingresos del Gobierno Central. Para beneficio de la clase gobernante, de esa manera, se deja incólume la estructura tributaria existente que descarga el peso de la carga tributaria –y también los costos de la crisis que atraviesa le economía y las finanzas públicas- en los bolsillos de las clases trabajadoras y medias de menores ingresos.
Mientras eso sucede, el gobierno quiere comprarse un buen respiro hasta terminar su gestión en el 2014. Lo hará mediante una ley que forma parte del Plan B y que lo autoriza a emitir eurobonos hasta por $4.000 millones, recursos que seguramente se usarán para dos cosas.
Primero, para subir los gastos de capital (por ejemplo, inversiones en obras de infraestructura) luego de que este rubro se desplomó un 4,5% en el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el monto del 2011. Para eso, lo mejor ahora es confiar en recursos frescos de la deuda pactada en el exterior, por ejemplo, los $4.000 millones a colocar en eurobonos.
Segundo, no obstante que esos recursos inflan el volumen de la deuda externa, podrían ser usados para aminorar un tanto el déficit, así como para frenar y hasta revertir la actual tendencia al alza de las tasas interés y de la deuda interna, por ahora cifrada en un manejable 32% del PIB.
Como bien se sabe, esa alza de las tasas de interés -o encarecimiento del crédito- es generada por crecientes captaciones del gobierno en el mercado financiero local a fin de reducir el déficit. Pero si recurre al crédito externo para financiarse, se puede descompresionar ese mercado y en consecuencia disminuir las tasas de interés, que han venido elevándose conforme el gobierno debido colocar en ese mercado unas cantidades elevadas de bonos en lo que va del año. Así, para mayo el déficit fiscal se ubicó en ¢367.140 millones y, para afrontarlo, Hacienda debió vender bonos en el mercado financiero por ¢500.000 millones.
 Hay que señalar que esta opción de financiamiento del gobierno central de paso hará descender en este segundo semestre del 2012 cualquier tendencia alcista del tipo de cambio con relación al dólar; algo que, por cierto, no gustará a los exportadores, quienes presionan al gobierno y al Banco Central por elevarlo a fin de recibir más colones por los dólares que perciben del exterior.
Con esa habilidosa maniobra o estrategia de corto plazo plasmada en el Plan Fiscal B, el gobierno logra “patear la bola hacia adelante” en la coyuntura, al poder pasar gran parte del problema fiscal y tributario a sus sucesores junto a una mayor deuda externa a las próximas generaciones de contribuyentes; endeudamiento que eventualmente hasta podría volverse inmanejable como sucedió a inicios de los años de 1980. Así se ha rearmado el juego desde Hacienda y Zapote. 
Adiós, pues, a la reforma tributaria y con ello a los sueños de algunos políticos y tecnócratas cifrados en cuanto a poder elevar la baja carga tributaria del país, la cual reposa en un 13% del PIB y que ciertamente, con la nueva forma de medir ese parámetro, el ministro Ayales piensa que podría llegar a un 11%, por mucho la más menguada de Centroamérica.
Claro está, que al descartar la vía de la reforma  el gobierno de Chinchilla se refuerza en los altos círculos de la clase dominante. Pues complace mucho a los sectores empresariales y a otros del “bloque de poder” interesados en pagar pocos o ningunos tributos y en seguir disfrutando las delicias del fraude tributario.
En lugar de una reforma tributaria y fiscal veremos algunas medidas “light” para atacar la elusión y la evasión impositivas, y para mejorar la recaudación, verdaderos saludos a la bandera.
Pero lo que sí tendrá prioridad en la orden del día, será una larga serie de duras medidas tendientes a recortar el gasto y a elevar el endeudamiento externo vía préstamos y crecientes emisiones de bonos, como dijimos hasta por $4.000 millones. Y es donde surge la pregunta clave que hay que responder: ¿y quién pagará la factura de esa poda del gasto que se avecina? Seguida de esta otra interrogante: ¿Cómo quedará el balance entre “ganadores” y “perdedores” que ineludiblemente trazará esa política económica y fiscal, la cual no es para nada socialmente neutra en términos de la división y la lucha de clases?
Ya contamos con una primera aproximación desde las filas de la clase capitalista neo-oligárquica hecha por un liberal vocero en “La Nación” (“El costo político de recortar gasto público”, 30-5-2012). Afirma allí Luis Loría, director General de Cadexco: “La propuesta del Ejecutivo, ahora, es que la factura la paguen, también, las empresas exportadoras de bienes y servicios, incluyendo mipymes agrícolas, turísticas y empresas de zona franca.” Por tanto, “el costo lo asumirán también los trabajadores, en los casos en los que las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas al perder su viabilidad.” Y termina señalando esta fuente: “esta grave amenaza para empresas y trabajadores guarda relación con la eventual aprobación para la emisión de $4.000 millones de deuda externa (eurobonos), ya que, como resultado de la entrada masiva de dólares al país, caería, aún más, el tipo de cambio.”
Por supuesto, que oculta bien este vocero lo que para nosotros es algo evidente: que el mayor costo por el lado de los recortes (ya no tanto ni directamente por motivo del endeudamiento externo) lo asumirán los sectores de clase media y trabajadora que laboran para el Estado, en general los empleados públicos que serán el objeto del implacable ataque que se avecina contra el gasto laboral (salarios, beneficios, pensiones, etc.), bien disimulado como magno esfuerzo o sacrificio para restablecer los equilibrios fiscales; ello en vista de que no fue posible seguir por la ruta de la reforma tributaria y de que no se piensa en recortar exoneraciones y exenciones que sobrepasan el 7% del PIB.
Lo que sí es indispensable para la estrategia neoliberal, es evitar por cualquier medio que los organismos financieros internacionales (incluidas las agencias calificadores del llamado “riesgo-país”) peguen el grito en el cielo y bajen sus calificaciones crediticias al país, sobre todo porque el déficit sobrepasa el 3% que obsesivamente pregonan debe tener como límite máximo con respecto del PIB, y porque la deuda pública total avanza hasta el límite de un 60% tasado según el mismo parámetro. Es a ellos a quienes busca complacer este gobierno y en particular Ayales. Fueron no solo sus antiguos empleadores, sino que ideológicamente está de lleno en su mismo campo y armando el juego que recomiendan armar.