Columna “Pensamiento Crítico”/publicada el 13/6/2012 en diario digital NUESTRO PAÍS

ENJUICIAMIENTO A RESPONSABLES POR LA “TROCHA DE LA CORRUPCIÓN”

Por José Luis Vega Carballo

Comentarios y críticas han ido y venido a favor y en contra de lo sucedido a raíz de la construcción de la trocha Juan Rafael Mora o Ruta 1856 que se extiende a lo largo de la margen costarricense del río San Juan, que sugerimos se rebautice con el nombre de “Trocha de la Corrupción”.

No voy a repasar aquí las informaciones y argumentaciones tan ampliamente difundidas por distintos medios de comunicación sobre este caso, sino a señalar que llama la atención que en ninguna de las revisadas se plantea claramente y con contundencia la urgente necesidad de enjuiciar a los funcionarios del gobierno responsables por el desastre vial, los daños ecológicos, el manejo abiertamente irregular de los cuantiosos fondos usados para financiarlo, y otra cantidad de anomalías.

Nos referimos específicamente a los principales responsables políticos del proyecto en cuestión, o sea: a la propia presidenta Chinchilla, a por lo menos uno de los vicepresidentes esto si no a ambos (Luis Líberman más Alfio Piva), a los ministros involucrados y demás autoridades de Conavi, la Comisión Nacional de Emergencias y el Mopt, incluidos todos los integrantes de una comisión de alto nivel que, según hay evidencias, manejó el proyecto desde la casa presidencial a la sombra del gabinete. Sus actuaciones no deben quedar impunes sino que deben ser juzgadas para fijar las adecuadas sanciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, entiéndase el Estado de Derecho, el cual se saltaron por infinidad de ángulos, revelando los alcances y estilos que se manejan dentro de lo que aquí hemos llamado el “Supra-Sistema de la Corrupción Planificada” o SSCP que lo carcome y abate.

Muchos de los altos responsables andan muy tranquilos porque sienten que hay un manto protector que los envuelve, instalado en la esfera de las autoridades superiores del gobierno; y han señalado que los ampara un “decreto de emergencia nacional” (No. 36440-MP), el cual según ellos les permitía brincarse cuanto principio y norma se les atravesara en el camino, aludiendo de paso a que el “peligro nica” lo justificaba todo. El argumento típicamente escapista lo reseña bien el nuevo ministro de obras públicas Luis Llach, en un artículo titulado “La trocha que vale la pena” (La Nación, 2/6/2012, p. 34A: “Fue construida [la ruta 1856] en un momento de extrema emergencia para nuestro país, no en el ambiente habitual en que se desarrollan los proyectos de infraestructura.  Esto hay que tenerlo claro para que se vea que las críticas hechas sobre posibles incumplimientos procedimentales son inaplicables.” En otras palabras, se podía y se valía el actuar y el ponerse al margen de la ley

Hacen caso omiso de que es un delito, bien tipificado como fraude o abuso de ley, el emitir un decreto o aprobar cualquier otra medida aparentemente legal para, por su medio, poder violar leyes de la República, mucho menos para quedar impunes frente a actos de corrupción e enriquecimiento ilícito. De tal manera que nada les exime de que el peso de la ley caiga sobre ellos y contra sus ilícitos, con las debidas sanciones que el caso amerite; y además obligándolos a la reparación de todos los daños y perjuicios causados. Claro está que, a la par de los funcionarios indicados, debe también procesarse moral y judicialmente a los integrantes de la red de corrupción que se formó por el lado del sector empresarial privado con el fin de obtener inapropiadas ventajas y beneficios con la construcción de la trocha, supuestamente porque, también por su lado, podían ellos cometer las fechorías ya conocidas al amparo del susodicho decreto de emergencia.

Por lo anterior, hay que celebrar la moción aprobada el pasado sábado 2 de junio por los asistentes a una reunión de la “Coordinadora Nacional de Lucha” (CNL) integrada por una red de importantes organizaciones sindicales, magisteriales y sociales; moción que viene a subsanar la carencia de un definido objetivo en el sentido de proceder, no solo a denunciar el vergonzoso descalabro cometido desde las alturas del poder gubernamental a lo largo de la “Trocha de la Corrupción”, sino a proponer concretamente el procesamiento judicial y hasta penal de los causantes de los gravísimos daños que se hicieron al Estado y a la sociedad.

La moción, presentada ante la CNL por la Comisión Nacional de Enlace para la lucha social, establece primero la magnitud de los desmanes cometidos en la apertura de la trocha, y luego señala lo que citamos a continuación: “Se deben instrumentar todas las acciones posibles para enjuiciar las actuaciones desde el punto de vista constitucional, jurídico y ético.” Y agrega algo que nos parece justamente decisivo: “Y que para ello se constituya una Comisión de Trabajo, para darle continuidad a esta iniciativa política. Dicha Comisión tendrá el respaldo de los aparatos legales de las organizaciones de la CNL y hará los contactos necesarios con otros abogados para efectos de este trabajo.” Y afirma que el objetivo de la comisión especial  “es encausar legalmente a los involucrados en esas decisiones”, es decir, las que llevaron al desastre de la trocha en todos sus aspectos técnicos de ingeniería, de impacto ambiental, de malversación de fondos, etc.

Ojalá que la Coordinadora no ceje en su esfuerzo por cumplir con los términos de tan acertada decisión, ya que a la par de los abogados de las organizaciones, estamos seguros que habrá otros que se les unirán en la tarea de defender principios básicos del Estado Democrático de Derecho; principios que la clase política violenta a diario impunemente junto a los Derechos Humanos Integrales, a fin de que los agentes de la corrupción organizada y planificada de alto vuelo –el SSCP- puedan campear a sus anchas, preparar nuevos asaltos al poder, y más atracos contra las arcas públicas. Por supuesto, también que entre sus designios está el lograr imponer un tercer período consecutivo del PLN en Zapote, con buenos refuerzos en Cuesta de Moras.