sábado, 15 de mayo de 2010

El gremialismo como modelo derechista

Columna “Pensamiento Crítico”

El gremialismo como modelo derechista de organización sindical

Por José Luis Vega Carballo

El movimiento sindical ha tenido problemas en cuanto a definir la naturaleza y alcances de sus luchas en nuestro país, fluctuando entre el gremialismo tradicional tolerado y hasta celebrado por las derechas, y el sindicalismo de movilización social e impacto político transformador preferido por las izquierdas. Aunque en nuestra realidad no tenemos en forma pura, ni aislada, a ninguna de esas dos formas de organización sindical, conviene para efectos de hacer un análisis inicial separarlas; y poder así caracterizarlas mejor, tanto en sus adentros como en sus relaciones con el medio. Nos interesa sobre todo perfilar la más conservadora y tradicional de las dos formas.

El gremialismo propone un modelo de organización sindical cuya misión se concentra en organizar los trabajadores en función de sus intereses inmediatos de tipo laboral y legal; es decir, alrededor de la gestión reivindicadora de derechos dentro del marco de las instituciones públicas y las empresas donde logra implantarse. Con ellas establece una simbiosis especial, esforzándose por aparecer como un actor cooperante y amigable, casi tan inofensivo como el cooperativismo, el solidarismo y el movimiento del desarrollo comunal; movimientos que se han desarrollado paralelamente al sindicalismo en nuestro medio nacional. Por ese camino, el gremialismo y su dirigencia llegan a formar parte de la tradición política del reformismo, cuyas luchas se transforman en solo ligeras presiones al interior del sistema institucional vigente. Allí, sus protagonistas se presentan como actores respetuosos del orden económico, social y político vigente; reorganizado ahora bajo un modelo de capitalismo periférico y dependiente de corte neoliberal, privatizante y globalizador, con un Estado al servicio del mercado y los grandes negocios privados transnacionales, lo que el Banco mundial llama el “Neo-institucionalismo”, o segunda generación de reformas salidas del Consenso de Washington.

De tal modo que el gremialismo deja atrás toda una tradición latinoamericana y hasta revolucionaria o anti-sistémica, donde las organizaciones gremiales tenían fuertes enfrentamientos con las oligarquías, el capital extranjero y sus Estados serviles, a los que disputaban el poder lo mismo que a los partidos políticos, a los cuales llegaban en muchas ocasiones a desplazar en su afán de controlar las masas populares urbanas y de ciertos enclaves agroindustriales y exportadores, como los bananeros. En este escenario conflictivo se utilizaban mucho la huelga general o sectorial, el paro, las marchas y otros tipos de movilización de las clases trabajadoras, como armas no solo sindicales sino además políticas, a fin de de ampliar la influencia de las clases desposeídas. Aunque no se planteaba la toma del poder, este sindicalismo aguerrido contribuyó a profundos cambios estructurales y de estilo de desarrollo en muchos países de la región desde los años de 1930.

Todo lo anterior explica por qué las dirigencias sindicales gremialistas, afectas a sostener la estabilidad y seguridad sistémicas, pueden sin mayor problema no solo respaldar sino trabajar dentro de esta forma de nuevo corporativismo que impulsa el Banco Mundial. Hasta pueden llegar ellas mismas, directa o indirectamente, a participar en los negocios que se mueven al interior del dúo Estado-Mercado, en especial los más grandes y jugosos que impulsan las corporaciones transnacionales, los inversionistas privados y los organismos internacionales tipo Banco Mundial, amparados por tratados de libre comercio (TLCs). Estaríamos aquí en presencia de una especie de “sindicalismo empresarial”, muy conformista, hermano del modelo tradeunionista estadounidense, bien descrito y justificado así por su famoso defensor John Lewis. Decía: “la `trade union´ forma parte integrante del sistema capitalista, es un fenómeno capitalista, de la misma manera que la sociedad anónima. Una agrupa a los trabajadores con vistas a una acción común en la producción y en la venta; la otra agrupa a los capitalistas con la misma finalidad.”

En razón de esas adhesiones tan pro-sistémicas, las dirigencias y líderes gremialistas son bien vistos, recibidos e incluso premiados por los gobiernos conservadores y neoliberales o pro status quo, que ven el gremialismo como un factor de poder muy flexible, razonable y dispuesto siempre al diálogo y la negociación; así como un actor sumamente dócil, interesado en portarse bien, es decir, en integrarse pragmáticamente al sistema político y de partidos. Por ello el gremialismo termina colaborando estrechamente con los gobiernos de turno y el bloque de poder hegemónico al punto de rechazar, y hasta de enfrentar furiosamente a, otros modelos de organización sindical y sociopolítico de las clases medias y trabajadoras, en los cuales los dirigentes por lo común están menos interesados en prestarle servicios de integración y conservación al régimen imperante.

No es de extrañar entonces que, cuando presiona, la dirigencia burocrática gremialista lo hace con mucho pragmatismo dentro del marco legal y burocrático que rige sus relaciones con el Estado, la empresa privada y las cámaras empresariales. Y esto tiene implicaciones importantes en cuanto a la naturaleza y proyección de sus luchas en el entorno. Pues la tendencia de la dirección sindical es a reducir sus acciones lo más posible al campo laboralista y al ámbito de los tribunales de justicia donde, a veces muy ingenuamente, espera que los jueces decidan imparcial y apolíticamente los casos de querella que se presentan, incluidos aquellos donde políticos y altos funcionarios públicos se hallan implicados en atropellos cometidos contra los agremiados. La tendencia es a reducir toda lucha que podría llevarse a cabo mejor en el plano político, social e ideológico a una pugna legalista en el marco judicial.

En estas situaciones, se evita lo más posible apelar a otros factores de poder y a otros actores más allá de las fronteras del sindicato y de la institución o empresa donde ha ocurrido un conflicto, por ejemplo, a bases sociales, clasistas y comunales más amplias, lo mismo que a organizaciones del movimiento social que podrían brindar apoyo y darle al choque un marco regional y nacional amplificado. Claro está, la excepción en el entorno serían los contactos con funcionarios del Ministerio de Trabajo (de quienes se esperan decisiones imparciales y ajustadas a la ley), con algunos diputados y partidos reformistas, y quizás con quienes ocupen la silla presidencial y sus alrededores, especialmente cuando los dirigentes son llamados desde allí a negociar y poner fin a alguna situación tensa o de conflicto que se haya salido un poco de las manos. Y hasta allí.

Aunque sea resaltando mucho los rasgos y tendencias del sindicalismo gremialista en las líneas anteriores, ello se ha hecho como un ejercicio para captar mejor su perfil y su modelo. Al final, ambos revelan la poca o ninguna inclinación de los gremialistas a mantener relaciones con otras fuerzas, organizaciones y movimientos sociales del medio nacional e internacional. Son, por eso, muy “ensimismados”, o internistas como dijimos antes; y susceptibles a dejarse, cooptar alegre y complacientemente mediante prebendas, sobornos, corruptelas y pequeñas concesiones que les ofrecen los altos círculos del poder público y privado (en particular la administración superior de las instituciones y las cámaras patronales), que ven con mucho agrado la manera veloz en que las dirigencias gremialistas aliadas corren a negociar sus de por sí escasas reivindicaciones y demandas. Generalmente van aisladas, sin establecer antes alianzas con otras fuerzas y sectores, y procediendo en todo con mucha premura, improvisación y poca meditación, aunque siempre ávidas de publicidad y aprobación por parte de la gran prensa y demás poderes mediáticos, ingrediente que necesitan para fortalecer su imagen de ser razonables, dialogantes y bien portadas ante los poderes establecidos.

viernes, 14 de mayo de 2010

SE CONSOLIDA PACTO Y DOMINIO DERECHISTA EN COSTA RICA

Columna “Pensamiento Crítico”.

Diario Digital Nuestro País (Costa Rica). Escrito: 6 de mayo, 2010

SE CONSOLIDA PACTO Y DOMINIO DERECHISTA EN COSTA RICA

Por José Luis Vega Carballo

Veamos primero los términos de fondo del pacto mediante el cual los firmantes - la presidenta electa del Partido Liberación Nacional (PLN) Laura Chinchilla y el excandidato y mandamás del Movimiento Libertario Otto Guevara -, pretenden establecer una hegemonía de la derecha costarricense de corto plazo, pero que podría ser de mayor duración y alcances.
El punto 1 del pacto PLN-ML (bautizado pacto “Lili”, si no me equivoco por la redacción de este diario) refuerza el rumbo del continuismo de la “dictadura en democracia” proclamada por Oscar Arias, al justificar ambos el pacto bajo un signo arista: mejorar la llamada “gobernabilidad del país”, ajustando desde arriba la oferta con la demanda del mercado político-electoral dentro de un sistema político autoritario sin división de poderes y con grave merma de las libertades y demás derechos ciudadanos; y en el cual regirá la fórmula proclamada por el mismo Arias el 1 de setiembre de 2009 (diario La República”), de que “los problemas de la democracia no se resuelven con más, sino con menos democracia”.
Es decir, se trata de un pacto entre dirigentes y fuerzas peligrosas, ambas desleales a la democracia, que conforman un bloque de poder al interior del régimen de cuya cúpula pretenden disfrutar, eso sí, sin romper el orden constitucional abiertamente, sino manipulándolo y abusándolo, manteniéndolo solo en apariencia. Una fuerza derechista y neoliberal combinada, que toma “por dentro” el poder; y que continuará usándolo para reducir y desmontar el Estado Social de Derecho, producto de la Segunda República dirigida por José Figueres Ferrer. Paradójicamente esta es un producto de la gestión política de largo alcance del PLN, que dominó el escenario político entre 1953 y 1984, hasta el surgimiento del bipartidismo y la primera administración arista (1986-90). Chocantemente, ha sido el mismo partido creador el que ha traicionado a esa Segunda República, que fue socialdemócrata, progresista y desarrollista.
Ahora, el PLN, transformado de partido socialdemócrata a vil maquinaria electorera neoliberal por los hermanos Arias y sus socios financieros, se prepara para meter más puñaladas a la democracia; incluso en su versión de la Primera República liberal, en la medida en que el pacto con los libertarios establece una espuria alianza con la peor facción de los mismos: la menos liberal y anti-democrática, la más reaccionaria, fanática y mano-dura, la más pro estadounidense y Consenso de Washington. Al mismo tiempo, la más oportunista y desvergonzada que hace escasos tres meses, hacia finales de la campaña electoral que culminó en la primera semana de febrero, cerraba filas en un duro ataque contra el continuismo de la falange arista, denunciando su extrema corrupción sin límites, su totalitaria maquinaria financiera y de propaganda, y su concentración de poderes sin precedentes. He aquí – en su carácter antidemocrático- el mayor peligro del pacto; aparte de su letra menuda, del reparto que hace de esferas de influencia y de prebendas en todos los poderes de la República, y del sello que le pone al matrimonio entre los negocios más desvergonzados, más grandes y bastardos, del poder económico privado con el poder público.
En efecto, el matrimonio se consumará a futuro cercano -y por al menos dos años- mediante el reparto de puestos en instituciones autónomas y semi-autónomas, el directorio legislativo y las principales comisiones a efectos de reforzar el predominio centralista del poder ejecutivo y establecer a la par una tiranía parlamentaria que complemente el dominio derechista de las cúpulas del Poder Judicial y el Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes y los entes contralores y superintendentes de servicios.
Y, sobre todo, se afianzará el pacto con la aprobación de proyectos muy cuestionables desde el punto de vista de los interese públicos, nacionales y de las grandes mayorías sociales, como son: la ley de privatización de la electricidad; la privatización del Estado y de sus funciones (salud, educación, protección ambiental, del suelo y subsuelo, etc.); máximo apoyo a la concesión privada de obra pública para el fomento de grandes negocios en pro del capital, incluidas las marinas turísticas; refuerzo a leyes y gestión de libre comercio interno y externo; desregulación de trámites para terminar de conformar un “Estado suave” para los empresarios, con fuerte impulso a la dolarización y extranjerización de la economía (conversión del país en una gran “zona franca”); leyes de flexibilización laboral en el sector privado, nueva ley de empleo público y del salario mínimo único; titularización de terrenos precarios y libre compra-venta de playas, islas y zonas fronterizas aledañas de dominio estatal, lo mismo que de otras de interés turístico y extractivo-minero; “Estado duro” para los de abajo mediante el endurecimiento de las leyes penales y la criminalización de la protesta social, con máximo fortalecimiento tipo militar de la policía única y demás organismos de inteligencia y represión, todo bajo la égida del Plan Mérida del gobierno gringo; fomento a los casinos, casas de apuestas y juegos de azar; refuerzo al clientelismo demagógico mediante la política de distribución de minicompus y nuevos bonos familiares, entre otros recursos; etc.
Cualquier parecido de todo lo anterior con el proyecto-país y de gobierno diseñado y presentado a Laura Chinchilla por la Unión de Cámaras (Uccaep), es mera coincidencia.
Dicho esto, volvamos al punto medular: estamos ante un apuntalamiento planificado no solo de la corrupción planificada –que no es otra cosa la privatización del Estado- y de la política de directa y creciente apropiación del aparato estatal y sus funciones para atarlo al carruaje de los negocios privados como un apéndice, sino ante la entronización en la cúpula formal del poder republicano de una élite o coalición autoritaria de extremo poder derechista; por tanto, de un poder supremo no-democrático, que no ataca la democracia desde afuera como fuerza subversiva, sino la toma y socava desde adentro, desde sus entrañas y sin golpe de Estado o “putsch” alguno. Más aún, ejecuta sorprendentemente esta operación por métodos electorales y parlamentarios legales en la forma, aunque en el fondo son ilegítimos e inmorales. Por lo cual se crea una curiosa situación de crisis con quiebra de la democracia y ascenso al poder de sectores desleales a la democracia, pero distinta a otras más conocidas históricamente, menos aparentes y más radicales, como las provocadas por Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España o Pinochet en Chile. No obstante, la toma del poder por esta coalición derechista y proto-fascista del PLN-ML en la Costa Rica actual, no deja de guardar algunos paralelismos con esas otras quiebras de la democracia por la derecha; y al igual que en ellas, se produce aquí en medio de una vasta descomposición sistémica del modelo político y económico del capitalismo que ha entrado en una fase terminal.
Así, la clara misión de la “dictadura en democracia” de los Arias-Chinchilla-Guevara, es terminar de convertir el país en un protectorado estadounidense a través del TLC y un pliegue total a políticas de seguridad que éste exige; y a la vez a poner fin a cualquier intento de mover hacia adelante el esquema de la democracia participativa, de ciudadanía social y militante. Es decir, un giro no solo hacia la derecha mayor del alcanzando en la segunda administración Arias, sino hacia la instalación de la mayor fuerza claramente privatizadora y antidemocrática en el control del Estado. Una fuerza dispuesta como ninguna otra a liquidar los restos de la Segunda República y bloquear cualquier modelo alternativo de sociedad y Estado que no sea el avalado por los grupos empresariales, tecnocráticos y mediáticos más poderosos aliados del gran capital transnacional, los organismos financieros internacionales y el G-20. Evidentemente, son grupos en proceso de dejar de ser nacionales y democráticos, en el sentido hasta ahora reconocido a esos términos. A esos debemos llamar las y los “nuevos filibusteros”. ¿O le quedan dudas?

¿Es sostenible el decreto de prohibición para la minería del oro?


Columna “Pensamiento Crítico”.
Diario digital NUESTRO PAÍS (Costa Rica). Escrito: 10-05-2010

¿Es sostenible el decreto de prohibición para la minería del oro?

Por José Luis Vega Carballo

Muchos juristas han llamado la atención nuestra en el pasado en el sentido de que los acuerdos, convenios, pactos o tratados internacionales que aprueba el Estado costarricense tienen un rango superior al de nuestras leyes y demás disposiciones internas. Esto se debe a nuestra tradición jurídica tan distinta a la anglosajona, por ser firmantes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales de 1969, y porque así lo estipula nuestra propia Constitución Política. Más aún, una vez firmado un instrumento de ese tipo, éste pasa a formar parte del Derecho Internacional y no podemos alterarlo unilateralmente, aunque emitamos leyes o decretos al respecto con la intención de limitar su alcance. Para hacerlo tendríamos que renegociar lo pactado y no siempre esto se logra. Tampoco estamos facultados para hacer cambios en la Constitución para variar o saltarnos una norma contenida en cualquier tipo de acuerdo internacional previamente aprobado por las autoridades competentes de nuestro país; ya que expresamente lo prohíbe el artículo 27 de la Convención de Viena relacionada con la observancia de los tratados, al estipular que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
Establecidos esos principios jurídicos, a uno le asaltan de inmediato grandes dudas sobre, si teniendo acuerdos de inversión y tratados de libre comercio con Norteamérica (México, Canadá y Estados Unidos), es posible que, mediante una ley o un simple decreto ejecutivo de menor jerarquía, se prohíba una actividad económica determinada, no solo a nacionales (lo cual no sería quizás tan problemático), sino a inversionistas extranjeros protegidos por esos acuerdos bilaterales de inversión y tratados de libre comercio (lo cual sí se vuelve problemático y objeto de litigio en tribunales internacionales), a sabiendas de que en esos instrumentos jurídicos no fue contemplada ni acordada oportunamente la prohibición de la actividad con las autoridades de la otra parte, en el caso que más nos interesa ahora, con el gobierno de Canadá.
Por tanto, el decreto emitido por la presidenta Chinchilla el pasado 8 de mayo en la Sabana, extendiendo una moratoria a toda actividad de minería metálica de oro en el territorio nacional, no sería vinculante (y esto lo reconoció la misma funcionaria) para la compañía minera canadiense Vanessa Ventures, que opera en las Crucitas de San Carlos; ya que está amparada por derechos adquiridos por el Acuerdo sobre Protección de Inversiones de 1998 y en el Tratado de Libre Comercio de 2001, ambos con Canadá, y donde eso no se acordó con el gobierno de Ottawa. Aunque Costa Rica podría quizás haber incluido perfectamente la prohibición de la minería metálica de oro entre las llamadas “medidas disconformes” que permiten, en este tipo de tratados, salvaguardar cualquier pieza de su legislación interna contraria a las normativas del libre comercio, pero que la contraparte negociadora acepta que sigan en pie, o que se modifiquen a futuro aunque solo en un sentido no restrictivo del libre comercio. Tampoco se hizo algo parecido por nuestro gobierno con respecto a la minería de oro en los Anexos I y II del tratado de libre comercio con los EEUU, el llamado Cafta, por lo cual las mineras de oro de este país tampoco serían afectadas por el decreto, si hubiera alguna operando.
Siendo así las cosas, cualquier compañía o inversionista de esos dos países de Norteamérica queda al margen del decreto chinchillista y puede seguir sin estorbos con su explotación del oro, incluso a cielo abierto que pareciera ser la que más preocupa en el país. Y sobre este punto hay pocas dudas. El problema es a futuro, de aquí en adelante, con el tratamiento de futuras inversiones provenientes de esos países, aunque lo mismo podría decirse de las mexicanas, centroamericanas o dominicanas que pudieran ingresar todas cubiertas por sendos tratados donde Costa Rica no hizo expresamente las debidas salvaguardas y excepciones.
Sin ser jurista me atrevo a decir que el decreto de marras no se sostiene frente a inversionistas de los países arriba mencionados, quienes a futuro deseen venir a Costa Rica a invertir en la minería metálica de oro. Suena muy bonito y con buena intención la declaración presidencial en el artículo donde proclama: “Se declara la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro en el territorio nacional. Entendida ésta como la exploración, explotación, y el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio.” Pero me inclino a pensar –y ruego aquí a los abogados que lean este artículo ayudar a aclararlo- que frente al acuerdo sobre inversiones y el tratado de libre comercio con Canadá, esto solo será una buena, pero ineficaz, intención de la presidente recién inaugurada, por las siguientes razones que resumo, derivadas de lo anotado al inicio de esta columna.
Los tratados internacionales son para cumplirse y así lo establece la Convención de Viena. Y no pueden ser modificados por solo una de las partes, es decir, unilateralmente, ni verse afectados por cambios en el derecho y la legislación interna de una de ellas contra el criterio y la voluntad de cualquier otra. Entonces, no se puede utilizar un decreto, ni una ley o cualquier otra medida hasta llegar a un cambio en la Constitución Política actual, con la finalidad de introducir normas o modificar las existentes, cuando forman parte de un convenio internacional. Solo los Estados Unidos lo hacen en vista de que no son firmantes de la Convención de Viena, no firman verdaderos tratados (“treaties”) en la materia comercial sino simples acuerdos (“agreements”) que se los pueden saltar sin problema como el Cafta, no reconocen el derecho internacional como superior al interno, y tienen el poder material para proceder tan arbitrariamente. Pero Costa Rica sí es firmante de esa Convención y, por tanto, está impedida de proceder como lo hizo la presidenta con la finalidad de prohibir una actividad protegida por acuerdos y tratados internacionales de libre comercio.
Con su gesto lo que puede suceder es que la medida que firmó sea impugnada en un tribunal internacional como violación a los términos pactados en uno o en varios de esos instrumentos de libre comercio. Y no solo por eso, sino porque este tipo de acuerdos o tratados en nuestro país tienen un rango superior al de cualquier ley interna vigente, presente o futura; y ni siquiera cambiando en consonancia la Constitución podemos impedir que las mineras de oro extranjeras puedan seguir con su negocio campantes y rampantes cuando a futuro decidan operar en nuestro territorio bajo un acuerdo o tratado comercial. Si el país lo impide, se expone a severas sanciones por parte de tribunales internacionales, incluidos los que regenta el Banco Mundial por medio del Centro Internacional para la Atención de Disputas sobre Inversiones (CIADI). Repito: sería muy bienvenida cualquier opinión sobre la materia de algún jurista versado en derecho constitucional o internacional.
Mi intención, con lo aquí expuesto, ha sido tan solo la de incitar a una discusión que aclare el alcance efectivo del decreto tan publicitado con que se estrenó nuestra flamante presidenta, y que a todas luces es un claro intento pro ambientalista de congraciarse con la enorme mayoría de la población que rechaza la minería del oro.

José Luis Vega Carballo

Sociólogo y Escritor Costarricense. También en Facebook