SE CONSOLIDA PACTO Y DOMINIO DERECHISTA EN COSTA RICA

Columna “Pensamiento Crítico”.

Diario Digital Nuestro País (Costa Rica). Escrito: 6 de mayo, 2010

SE CONSOLIDA PACTO Y DOMINIO DERECHISTA EN COSTA RICA

Por José Luis Vega Carballo

Veamos primero los términos de fondo del pacto mediante el cual los firmantes - la presidenta electa del Partido Liberación Nacional (PLN) Laura Chinchilla y el excandidato y mandamás del Movimiento Libertario Otto Guevara -, pretenden establecer una hegemonía de la derecha costarricense de corto plazo, pero que podría ser de mayor duración y alcances.
El punto 1 del pacto PLN-ML (bautizado pacto “Lili”, si no me equivoco por la redacción de este diario) refuerza el rumbo del continuismo de la “dictadura en democracia” proclamada por Oscar Arias, al justificar ambos el pacto bajo un signo arista: mejorar la llamada “gobernabilidad del país”, ajustando desde arriba la oferta con la demanda del mercado político-electoral dentro de un sistema político autoritario sin división de poderes y con grave merma de las libertades y demás derechos ciudadanos; y en el cual regirá la fórmula proclamada por el mismo Arias el 1 de setiembre de 2009 (diario La República”), de que “los problemas de la democracia no se resuelven con más, sino con menos democracia”.
Es decir, se trata de un pacto entre dirigentes y fuerzas peligrosas, ambas desleales a la democracia, que conforman un bloque de poder al interior del régimen de cuya cúpula pretenden disfrutar, eso sí, sin romper el orden constitucional abiertamente, sino manipulándolo y abusándolo, manteniéndolo solo en apariencia. Una fuerza derechista y neoliberal combinada, que toma “por dentro” el poder; y que continuará usándolo para reducir y desmontar el Estado Social de Derecho, producto de la Segunda República dirigida por José Figueres Ferrer. Paradójicamente esta es un producto de la gestión política de largo alcance del PLN, que dominó el escenario político entre 1953 y 1984, hasta el surgimiento del bipartidismo y la primera administración arista (1986-90). Chocantemente, ha sido el mismo partido creador el que ha traicionado a esa Segunda República, que fue socialdemócrata, progresista y desarrollista.
Ahora, el PLN, transformado de partido socialdemócrata a vil maquinaria electorera neoliberal por los hermanos Arias y sus socios financieros, se prepara para meter más puñaladas a la democracia; incluso en su versión de la Primera República liberal, en la medida en que el pacto con los libertarios establece una espuria alianza con la peor facción de los mismos: la menos liberal y anti-democrática, la más reaccionaria, fanática y mano-dura, la más pro estadounidense y Consenso de Washington. Al mismo tiempo, la más oportunista y desvergonzada que hace escasos tres meses, hacia finales de la campaña electoral que culminó en la primera semana de febrero, cerraba filas en un duro ataque contra el continuismo de la falange arista, denunciando su extrema corrupción sin límites, su totalitaria maquinaria financiera y de propaganda, y su concentración de poderes sin precedentes. He aquí – en su carácter antidemocrático- el mayor peligro del pacto; aparte de su letra menuda, del reparto que hace de esferas de influencia y de prebendas en todos los poderes de la República, y del sello que le pone al matrimonio entre los negocios más desvergonzados, más grandes y bastardos, del poder económico privado con el poder público.
En efecto, el matrimonio se consumará a futuro cercano -y por al menos dos años- mediante el reparto de puestos en instituciones autónomas y semi-autónomas, el directorio legislativo y las principales comisiones a efectos de reforzar el predominio centralista del poder ejecutivo y establecer a la par una tiranía parlamentaria que complemente el dominio derechista de las cúpulas del Poder Judicial y el Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes y los entes contralores y superintendentes de servicios.
Y, sobre todo, se afianzará el pacto con la aprobación de proyectos muy cuestionables desde el punto de vista de los interese públicos, nacionales y de las grandes mayorías sociales, como son: la ley de privatización de la electricidad; la privatización del Estado y de sus funciones (salud, educación, protección ambiental, del suelo y subsuelo, etc.); máximo apoyo a la concesión privada de obra pública para el fomento de grandes negocios en pro del capital, incluidas las marinas turísticas; refuerzo a leyes y gestión de libre comercio interno y externo; desregulación de trámites para terminar de conformar un “Estado suave” para los empresarios, con fuerte impulso a la dolarización y extranjerización de la economía (conversión del país en una gran “zona franca”); leyes de flexibilización laboral en el sector privado, nueva ley de empleo público y del salario mínimo único; titularización de terrenos precarios y libre compra-venta de playas, islas y zonas fronterizas aledañas de dominio estatal, lo mismo que de otras de interés turístico y extractivo-minero; “Estado duro” para los de abajo mediante el endurecimiento de las leyes penales y la criminalización de la protesta social, con máximo fortalecimiento tipo militar de la policía única y demás organismos de inteligencia y represión, todo bajo la égida del Plan Mérida del gobierno gringo; fomento a los casinos, casas de apuestas y juegos de azar; refuerzo al clientelismo demagógico mediante la política de distribución de minicompus y nuevos bonos familiares, entre otros recursos; etc.
Cualquier parecido de todo lo anterior con el proyecto-país y de gobierno diseñado y presentado a Laura Chinchilla por la Unión de Cámaras (Uccaep), es mera coincidencia.
Dicho esto, volvamos al punto medular: estamos ante un apuntalamiento planificado no solo de la corrupción planificada –que no es otra cosa la privatización del Estado- y de la política de directa y creciente apropiación del aparato estatal y sus funciones para atarlo al carruaje de los negocios privados como un apéndice, sino ante la entronización en la cúpula formal del poder republicano de una élite o coalición autoritaria de extremo poder derechista; por tanto, de un poder supremo no-democrático, que no ataca la democracia desde afuera como fuerza subversiva, sino la toma y socava desde adentro, desde sus entrañas y sin golpe de Estado o “putsch” alguno. Más aún, ejecuta sorprendentemente esta operación por métodos electorales y parlamentarios legales en la forma, aunque en el fondo son ilegítimos e inmorales. Por lo cual se crea una curiosa situación de crisis con quiebra de la democracia y ascenso al poder de sectores desleales a la democracia, pero distinta a otras más conocidas históricamente, menos aparentes y más radicales, como las provocadas por Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España o Pinochet en Chile. No obstante, la toma del poder por esta coalición derechista y proto-fascista del PLN-ML en la Costa Rica actual, no deja de guardar algunos paralelismos con esas otras quiebras de la democracia por la derecha; y al igual que en ellas, se produce aquí en medio de una vasta descomposición sistémica del modelo político y económico del capitalismo que ha entrado en una fase terminal.
Así, la clara misión de la “dictadura en democracia” de los Arias-Chinchilla-Guevara, es terminar de convertir el país en un protectorado estadounidense a través del TLC y un pliegue total a políticas de seguridad que éste exige; y a la vez a poner fin a cualquier intento de mover hacia adelante el esquema de la democracia participativa, de ciudadanía social y militante. Es decir, un giro no solo hacia la derecha mayor del alcanzando en la segunda administración Arias, sino hacia la instalación de la mayor fuerza claramente privatizadora y antidemocrática en el control del Estado. Una fuerza dispuesta como ninguna otra a liquidar los restos de la Segunda República y bloquear cualquier modelo alternativo de sociedad y Estado que no sea el avalado por los grupos empresariales, tecnocráticos y mediáticos más poderosos aliados del gran capital transnacional, los organismos financieros internacionales y el G-20. Evidentemente, son grupos en proceso de dejar de ser nacionales y democráticos, en el sentido hasta ahora reconocido a esos términos. A esos debemos llamar las y los “nuevos filibusteros”. ¿O le quedan dudas?