PLAN FISCAL B: LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Por José Luis Vega Carballo

Cada vez se evidencia mejor que el llamado “Plan Fiscal B” del gobierno de Chinchilla es ante todo un conjunto incoherente de medidas casuísticas que se sacó de la manga de la camisa el ministerio de Hacienda para buscar una manera de aterrizar con algo de lo que siempre dijo carecer: una alternativa frente al hundimiento del Plan A, acto que al final se encargó de ejecutar la Sala IV constitucional. A ello se unió el manifiesto descontento y las fuertes presiones cruzadas montadas por varios sectores empresariales y cámaras, que no veían con buenos ojos algunas medidas del Plan A que podían mejorar la recaudación del impuesto de renta, gravaban los servicios privados (salud, educación, etc.) y transformaban el impuesto de ventas en uno al valor agregado de bienes y servicios; aparte de que resentían el aumento de un impuesto a las zonas francas por verlo una medida atentatoria contra los intereses del gran capital transnacional que, entre otras cosas, podía ahuyentarlo.

Ahora, con el Plan B, esos poderosos sectores no se verán ni levemente amenazados y de seguro le darán el apoyo al gobierno, el cual ha fortalecido alianzas al interior de la Asamblea Legislativa (con el PASE y los diputados evangélicos a la cabeza, seguidos de cerca por el PUSC) y por el lado del sindicalismo gremialista (como el representado por la ANEP, la central Rerum Novarum y algunas otras organizaciones magisteriales que le hacen el juego también, como la ANDE y el SEC); todo ello a efecto de desarmar los intentos de unificar la oposición parlamentaria (si es que así puede llamarse) y para bajar las resistencias que pudieran provenir del flanco del movimiento social, donde parece que se reactivará a corto plazo la “Coordinadora Nacional de Lucha”, siguiendo el esquema utilizado durante la movilización popular contra el TLC con EEUU. Una cosa que para nada puede agradar al gobierno, en tanto en cuanto puede significar la aglutinación de algunas fuerzas en este momento dispersas, para lanzarlas en contra del Plan B y de otras iniciativas conexas como el proyecto de Ley de Empleo Público y varias otras medidas que atentan contra los derechos y beneficios laborales de todos los trabajadores del sector público, contenidas en el Plan B; especialmente en la “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”, así como en varios decretos y directrices relacionadas con el reposicionamiento de la Autoridad Presupuestaria.

La razón por la cual Zapote tiene ahora mejores probabilidades de lograr aprobación tanto parlamentaria como de las cámaras patronales a su Plan B, es que ya no es un intento de reforma tributaria que implique elevaciones significativas de algunos impuestos, como el de la renta o al valor agregado de la producción de bienes y servicios (IVA), que eran parte del Plan A y que venían a afectar directamente al gran capital. O bien, que lo golpeaban indirectamente porque se traducían en bajas del ritmo y hasta de la rentabilidad de los negocios privados en general, al elevar los precios y el costo de vida, constreñir la demanda agregada, y obligar a las familias de medios y bajos ingresos a reducir sus niveles de consumo.

Si tomamos las medidas apiladas que conforman el desarticulado Plan B, lo más que recaudará adicionalmente el gobierno será un 0,86% del PIB en el mejor de los casos frente a un déficit que ronda el 4-5%; cuando con el Plan A esperaba en su mejor momento llegar hasta un 3%, aunque al final tuvo que conformarse con un 1,5% o menos, luego de que los grupos de presión corporativos pusieron sus maquinarias en marcha y colocaran en jaque a los acobardados diputados, quienes cedieron y cedieron haciendo concesión tras concesión, como es lo acostumbrado. Así que el componente tributario es mínimo en el Plan B y lo importante está en entender que deja, por esa razón, de atacar el déficit fiscal por el lado de los ingresos, y se va por otros lados, donde los propósitos son otros.

En efecto, cuando se abandona en una consolidación fiscal el camino de aumentar la recaudación de los impuestos, las vías alternativas convencionales para enfrentar los problemas del déficit son: a) rebajar el gasto, b) mejorar la eficiencia en la recolección de los impuestos existentes (especialmente en renta y ventas donde los niveles de evasión fluctúan entre 40 y 60%) para evitar así la evasión y la elusión (o sea, el fraude fiscal, que es uno de los deportes favoritos de nuestra clase empresarial y profesional), o c) pidiendo prestado dentro o fuera del país, lo cual implica incrementar los niveles de la deuda interna y/o externa.

Otra opción de la cual poco o nada se habla, es eliminar exoneraciones y exenciones, el monto de las cuales sobrepasa el del déficit y solucionaría el desequilibrio; pero esto implica tocar a los intocables del sistema y cortar, aunque fuera parcialmente, uno de los tentáculos del vasto sistema de la corrupción organizada y planificada que se nutre de las fuentes del fraude fiscal, incluidas por supuesto esas concesiones o granjerías de las que disfrutan anormalmente una gran cantidad de empresas y sectores de la clase capitalista.

En el grupo de medidas incluidas en el Plan B se observa la intención de reducir el gasto corriente. Pero, las dudas comienzan cuando se observa que se dejan otros rubros intactos o por la libre (como los pagos por consultorías, asesorías, contrataciones de muy diversa índole de donde se alimenta el supra-sistema de la corrupción). Sin embargo, dada la cercanía del período o ciclo electoral y el enorme interés del PLN -y de los Arias en particular- por mantener al partido en el poder por un tercer período consecutivo, va a ser difícil, si no imposible, mantener el gasto en bajos niveles. Las presiones para elevarlo son desde ya muy poderosas; y se multiplicarán conforme avance el proceso de la campaña del 2014, la cual se mueve adelantada todo lo posible por los Arias. Son, pues, bajas las expectativas de contención o reducción del gasto como para que éste no crezca por encima de la tasa de crecimiento del 4% del PIB, porcentaje que el gobierno ha prometido sostener en los dos próximos años.

Así las cosas, ¿qué es lo que principalmente pone en juego el Plan B? La respuesta es fácil: el endeudamiento interno que ya se ha disparado, aunque aún no a niveles inmanejables y, ante todo, el externo. En efecto, sin mucho aspaviento es probable que el congreso le apruebe al gobierno una ley autorizándolo a endeudarse hasta por un monto de $4.000 millones, mediante emisiones de eurobonos que comenzarían en el segundo semestre con una primera colocación de $500. Aunque se corre el riesgo de que no se usen los fondos para cubrir inversiones o gastos productivos, sino gastos corrientes e improductivos, al estilo comenzado por los Arias hacia el final de su administración; algo que parece haberse entronizado y llegado para quedarse en las altas esferas del gobierno.

Eso se llama “patear la bola hacia adelante”; pues el problema del desequilibrio y de una reforma fiscal y tributaria en serio se le pasa a las próximas generaciones y a las futuras administraciones; pudiendo entonces el gobierno terminar su período con relativa tranquilidad y sin demasiadas amenazas provenientes del exterior, como serían los castigos y restricciones que, frente a ciertos graves desequilibrios y crisis fiscales, acostumbra imponer el Fondo Monetario Internacional en combinación con la banca privada internacional y las calificadores del riesgo-país (Fitch, Standard and Poor´s, etc.), los llamados “mercados”. Los círculos gobernantes alejarían por la nueva vía del Plan B el peligro de comenzar a recibir duras y desagradables visitas de los “caballeros de negro”, que tanto han acosado a varios gobiernos de Europa como Irlanda, Grecia, Portugal y ahora España, con Italia e Inglaterra haciendo fila, imponiéndoles políticas de austeridad sacadas del baúl de Merkel, la canciller de hierro alemana.

Así que la clase dominante y gobernante de este país ha decidido curarse en salud y optar por una vía expedita – la del endeudamiento interno/externo hasta no sobrepasar quizás el margen prudencial de un 60% del PIB- para conjugar parcialmente la crisis de las finanzas del gobierno central, ganar algo de tiempo, conectar algunos respiradores artificiales por ahí, y dejar que las cosas discurran tal como andan, de mal en peor; pero –eso sí- evitando que estalle una severa convulsión interna de vastas o impredecibles consecuencias motivada por un mayor desorden en las finanzas públicas.